El pasado nunca es pasado para los familiares de las víctimas del terrorismo, incluyendo el de Estado. Hoy recuerdo el Hotel Monbar, los GAL, y el uso de la Ley de Víctimas por parte del PP y la Audiencia Nacional. Escribo sobre ello en mi columna semanal de El País.

Hay algunos libros que llevan inmediatamente a un recuerdo suprimido u olvidado. Hace ya 10 años que leí el ensayo de investigación Guerra sucia, manos limpias, del irlandés Paddy Woodworth, en el que elaboraba, a partir de fuentes periodísticas y de entrevistas con testigos, supervivientes y familiares de víctimas, una de las primeras y más completas historias de los GAL. Seguir leyendo

Hay libros que se quedan contigo tiempo después de leerlos. En algunos casos la lectura deja poso porque descubre realidades desconocidas, otras porque hace tambalear certezas anteriores, otras porque gracias a ella una profundiza en reflexiones. Todo esto hizo conmigo la lectura de El Hambre de Martín Caparrós. Escribo sobre ello en mi columna semanal de El País.

Una aldea de Níger. Martín Caparrós pregunta a una mujer: «Si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa, a un mago capaz de dársela qué le pediría». «Quiero una vaca que me dé mucha leche, entonces si vendo un poco de leche puedo comprar las cosas para hacer buñuelos para venderlos…». «Pero cualquier cosa, lo que le pidas», insiste Caparrós. «¿Dos vacas? … Con dos sí que nunca más voy a tener hambre». Otra mujer responde así a la misma pregunta: «Comida todos los días. Eso le pediría». La siguiente podría estar en una ciudad india o en Argentina: «poner mi propio negocio, en la puerta de mi casa, para vender frutas. Y podría estar en mi casa con las frutas y ahorraría un poco de plata para el futuro, y mis hijos podrían comer fruta algunas veces». Seguir leyendo

Este artículo ha sido publicado el 18 de septiembre en El Correo. Lo reproduzco íntegramente, añadiendo varios enlaces de interés.

1982. Un niño de tres años en una capilla ardiente con cuatro ataúdes. Al lado de su madre, a su lado, hay hombres uniformados. Es el funeral de su padre y de otros tres policías nacionales. ETA los ha asesinado, pero el niño es demasiado pequeño para entender quiénes son los asesinos, por qué han matado a su padre. Un policía de la misma patrulla desfila frente a los féretros. El niño se fija en él porque está desencajado, tiene mal aspecto. Al día siguiente ese hombre va a acompañar el dispositivo que llevará a uno de los fallecidos a Sevilla. Hay testigos que dicen que estaba animado —a pesar de las circunstancias— porque así podría acercarse a su pueblo natal. Nunca lo hará. Durante el almuerzo del mismo día del viaje, le arrebata el arma reglamentaria a un compañero y se pega un tiro. «Síndrome del Norte», dicen algunos para explicarlo. El niño sí viajará en un avión con su padre muerto, su madre destrozada, un montón de gente que él no conoce. Uno de los pocos recuerdos que tendrá de ese viaje es la impresión que le causa la madera del ataúd chocando contra sus pies. Hace siete años se enteró de que a su padre lo había asesinado un comando de ETA.

Si han seguido las noticias de los últimos días, sabrán que ésta es la historia de José Miguel Cedillo, presente en los medios debido al homenaje que el pasado 15 de septiembre ha realizado en Errenteria a su padre, Antonio Cedillo, con la colaboración del ayuntamiento liderado por el alcalde de EH-Bildu Julen Mendoza, ya conocido por su constante actividad a favor de la convivencia. La historia de José Miguel Cedillo y la colaboración de éste con Julen Mendoza para rendir homenaje a su padre da pie a una reflexión sobre dos cuestiones fundamentales cuando pensamos en la convivencia en Euskadi: por un lado la herencia del trauma y la condición de víctimas de los huérfanos de ETA (y habría que añadir también los huérfanos de otras violencias, como la de los GAL, grupos de extrema derecha o abusos policiales) y por otro lado la necesidad de construir la convivencia fuera de los mecanismos del rencor.

Los discursos de Mendoza y Cedillo durante el homenaje nos dan algunas claves para entender estas dos cuestiones. Cedillo señala la necesidad de blindar a la siguiente generación del rencor, recuperar un espacio, Euskadi, donde sus hijos y nietos «desde hoy nunca se sentirán extraños, a la que podrán acudir sin miedo y en libertad» y con ese espacio también desarrollar una memoria sanadora, en la que se otorgue sentido al «borrón en el mapa físico y de mis emociones que ha sido esta tierra durante más de treinta años». Cedillo recalca su condición de «huérfano de ETA», «víctimas de la segunda generación que estamos fuera de la ley de solidaridad» y pide «a los responsables políticos que con urgencia hagan que esta herida se cierre en firme». Cedillo sufre graves secuelas psicológicas que no han sido reconocidas como consecuencias del asesinato de su padre, con lo que se ha sentido abandonado por las instituciones, como muchos hijos de la violencia. El tema de los hijos sólo ahora está empezando a cobrar cierta relevancia, pero es urgente que se trate con la seriedad y profundidad que merece para poder entender y abordar las secuelas traumáticas y su posible transmisión a futuras generaciones. En todas las sociedades que han sido atravesadas por una violencia profunda y duradera como en Euskadi el daño no acaba con aquellos que la sufren directamente. Sobre el resto de la sociedad, las instituciones y la clase política descansa la responsabilidad de que ese sufrimiento no se reproduzca y se transmita a través del rencor o el espíritu de venganza, que estas víctimas también se tengan en cuenta en los procesos de verdad, justicia y reparación. Y aquí es donde creo que actuaciones como la de Julen Mendoza y algunos colectivos de víctimas —pienso en las propuestas del colectivo Eraikiz que también engloba a víctimas de la violencia de Estado— son fundamentales ya que insisten en no transferir las secuelas de la violencia a la siguiente generación, en asentar la convivencia a partir del conocimiento, la justicia, el respeto a todas las víctimas, la deslegitimación de todas las violencias.

Julen Mendoza habló de este tipo de actos como micro-procesos a favor de la convivencia. Son actos restaurativos que ayudan a desarrollar la empatía, facilitan la reflexión e invitan a preguntarnos qué es lo que cada uno podemos hacer para ayudar a sanar el dolor y construir una sociedad en la que seamos conscientes de nuestro pasado, del sufrimiento vivido, de las secuelas de la violencia. Estas actuaciones son un ejemplo del camino a seguir por la izquierda abertzale para deslegitimar la violencia de ETA y frenar su herencia contaminada. También es un claro mensaje para aquellos grupos políticos —léase PP y Ciudadanos— que insisten en reproducir las dinámicas de odio, rencor y venganza propias de otros tiempos.

La convivencia se fundamenta a través de la memoria, el reconocimiento y la asunción de responsabilidades. Contener el trauma en la generación que lo sufre es casi imposible, pero cuando las mismas víctimas y las instituciones que las apoyan promueven una cultura de paz fuera de los mecanismos del rencor se hace más viable.

Aquí, la columna semala en «Ideas» de El País:

A veces me pregunto qué hubiera dicho mi abuela de tal o cual noticia. Murió en 2005, así que no vio el fin de ETA —¡lo que se hubiera alegrado!— y por suerte se libró de los ocho años de Mariano Rajoy, aunque me hubiera gustado escuchar los juramentos que le habría dedicado. Estos días de escándalo continuado a cuenta de tesis inventadas, plagiadas o inexistentes me he acordado de ella, imaginando cómo entendería estos abusos de privilegio en la universidad.

Mi abuela nació en 1907 y desde los ocho años se dedicó a vender pescado en las calles. Era sardinera e iba con su cesta en la cabeza, desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Seguir leyendo

Hoy, 9 de septiembre, comienzo a publicar una columna semanal en el suplemento Ideas de El País. La columna se titula «Ahora que lo pienso» y cada semana trataré un tema que me interese y que me invite a reflexionar. Compartiré con vosotros el inicio del texto y el enlace a la versión digital.

Esta semana es «Nuestro gigante enterrado»

Kazuo Ishiguro en El gigante enterrado traslada a sus lectores al mundo de las novelas artúricas con sus ingredientes imprescindibles: ogros, dragones, caballeros, seres mágicos, lagunas estigias. Un Sir Gawain casi senil es el encargado de mantener el legado del desaparecido rey Arturo. No es un legado heroico ni del que sean conscientes los habitantes de la Inglaterra unificada a través de la guerra de bretones contra sajones. El legado es un olvido general, que se impone y mantiene a través de un hechizo ideado por el gran Merlín. El aliento de un dragón genera una ligera neblina que cubre todas las tierras y que hace que sus habitantes hayan olvidado el pasado. Pero el tiempo pasa, el hechizo se debilita, el dragón se hace viejo. Y los recuerdos reprimidos —el gigante enterrado— comienzan a emerger: los abusos de los bretones contra los sajones, violaciones masivas, masacres de niños, guerra de pueblos arrasados, represión sistemática, humillación. La imposición del olvido por parte del rey Arturo es la manera de asegurar la convivencia, la concordia, la paz. Los pocos bretones que han sido inmunes al hechizo como el viejo Sir Gawain, la valoran y la defienden hasta el último aliento. Aquellos que comienzan a salir del desconocimiento forzado no pueden evitar enfrentarse al horror y bien reconocen su participación en él y asumen su responsabilidad, bien justifican la violencia, el olvido y la impunidad. Seguir leyendo

Este artículo ha sido publicado en El Correo/Diario Vasco el 20 de agosto de 2018. Lo reproduzco aquí íntegro con algunos enlaces de interés.

«No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina», Almirante Emilio Massera (1976). Esta cínica frase de uno de los miembros de la junta militar responsable de la muerte y desaparición forzada de miles de personas me estuvo rondando durante los días previos a la votación en el Senado argentino del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se preguntarán qué tienen que ver los genocidas Massera, Videla o Galtieri, la ESMA o los centros clandestinos de detención con la lucha por la despenalización del aborto y la aprobación de un aborto libre, seguro y gratuito. Más de lo que a primera vista parece.

Durante los debates previos a la votación hubo varias intervenciones públicas que me llevaron a recordar esa frase de Massera y a pensar en la relación entre el pasado dictatorial y el presente en Argentina. Citaré sólo dos: La primera fue la intervención del senador por Entre Ríos Pedro Guastavino, que hablaba así de la presión a la que se vio sometido para votar en contra de la reforma: «Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que quizás sea el mismo que cuando nos desaparecían daba vuelta la cara. O cuando torturaban a nuestras compañeras en los centros de detención clandestinos miraban para otro lado. Tal vez es el mismo sector que cuando mi madre se entrevistaba con algún obispo para preguntarle por su hijo desaparecido, miraba para otro lado y decía ‘algo habrá hecho'». La segunda intervención fue un video de la actriz Marina Glezer en el que defendía, ante un autodenominado señor «provida», el aborto como forma de salvar la vida a niñas y adolescentes que por su condición social morirán abortando de forma clandestina: «No se están muriendo embriones abortados, se están muriendo las mujeres, las mujeres invisibilizadas», las que provienen de las «villasmiseria» y no tienen la posibilidad de pagarse un aborto seguro en una clínica privada o con un viaje a Uruguay. La marginalidad de las mujeres que mueren haciéndose abortos clandestinos o provocándoselos con los métodos más atroces (la percha, las agujas, las purgas intrauterinas) y la continuación de la violencia institucional (del Estado y la Iglesia) contra la mujer se unieron en el final de su intervención, que coincide con la apreciación del senador Guastavino: «Videla, Etchecolatz, Massera, desaparecían gente, expropiaban bebés en nombre de la Iglesia también».

La Iglesia que ahora habla del aborto como «genocidio» y «crimen de lesa humanidad», llama “desaparecidos” o “torturados» a los fetos abortados, la misma que ahora proclama que si se aceptan las demandas de las mujeres se volverá al «terrorismo de Estado”, es la que durante la junta militar bien apoyó, bien cerró los ojos ante la represión brutal que estaba ocurriendo en nombre de la «Civilización Occidental y Cristiana» (palabras de Videla). Este uso descarado, manipulador y obsceno del lenguaje alusivo al pasado se resume en las palabras de Monseñor Alfonso Delgado, arzobispo emérito de San Juan del Cuyo que no son excepcionales, sino un mantra repetido por los representantes de la institución: «No queremos una nueva argentina de desaparecidos, nuevos NN, sin nombres y sin tumbas, como en épocas tristes de la historia reciente. Nuevas víctimas inocentes a merced de los nuevos verdugos”. Comparar el plan genocida orquestado por las consecutivas juntas militares desde 1976 a 1983, plan que incluía el secuestro de mujeres, su tortura, su asesinato y el robo de sus bebés, con las demandas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es inaceptable. Poner en el mismo plano a las mujeres que quieren decidir libremente y con garantías de seguridad sobre su propio cuerpo y las actuaciones de un régimen que diseñó una metodología de terror y exterminio para eliminar de la sociedad a todo sospechoso de poner en peligro su «civilización» es de una inmoralidad pasmosa. Tanto como las declaraciones del Papa Francisco (de quien sigue habiendo más que dudas razonables sobre su actuación durante la dictadura), que se ha atrevido a comparar el aborto («homicidio de niños», lo llama) con «lo que hacían los nazis por la pureza de la raza.»

Uno de los senadores que votó en contra de la reforma de la ley penalizadora del aborto fue el expresidente Carlos Menem, el mismo que instauró en 1998 y por decreto el «día del niño por nacer», que se celebra cada 25 de marzo, veinticuatro horas después del aniversario del golpe de Estado. Carlos Menem también indultó por decreto en 1990 a Leopoldo Galtieri, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Ramón Camps, Carlos Suárez Mason y Armando Lambruschini, entre otros. Es decir, absolvió a los militares y policías que fueron máximos responsables de crear y llevar a término los mecanismos de la represión y exterminio de aproximadamente treinta mil ciudadanos argentinos, entre ellos y según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el 33% eran mujeres. Se calcula que unos quinientos bebés fueron robados a detenidas-desaparecidas y después «colocados» en familias afines al régimen. En su alegato frente al Senado, Menem se puso como ejemplo de defensor de la vida «desde la concepción y en todas las etapas».

Todos estos señores son los «defensores de la vida» ahora, hace veinte años y hace cuarenta. No hace falta decir mucho más.

He publicado este relato de verano en Mujer Hoy, acompañado de la ilustración preciosa de Maite Niebla:

«Jugar en secreto»

El 29 de agosto no es buena fecha para cumplir años. A Nerea así se lo parece. Coincide con el final de las vacaciones en San José y, por tanto, con los preparativos para dejar el apartamento perfectamente limpio y ordenado a espera de las próximas vacaciones. El cumpleaños lo celebran siempre con amigos pasajeros de sus padres, con platos de papel y vasos de plástico, la madre quejándose de todo el trabajo que queda por hacer antes de marchar, el padre de mal humor, anticipando el largo viaje de vuelta al norte atravesando la Península en su Renault 18 sin aire acondicionado cargado hasta los topes de maletas —también la del tío Julián, que es siempre la más grande—, lleno de enseres de cocina, neveras portátiles de diferentes tamaños rebosantes a su vez de frutas, botellas de leche empezadas, tarros de mermelada, paquetes de harina o azúcar o pan rallado y otros productos perecederos que no aguantarán tantos meses en el apartamento cerrado. Seguir leyendo

Este artículo se publicó en la revista especial que eldiarionorte.es editó conmemorando su décido aniversario en junio 2018 y en digital el 4 de agosto.

Desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia en 2011, y sobre todo en los últimos dos o tres años, el debate sobre nuestro pasado se ha centrado en torno a lo que se ha venido a llamar «la batalla por el relato». Es decir, la lucha por establecer una versión aceptable, y aceptada por la mayoría, de lo que nos ha ocurrido. Esta batalla se libra tanto en el terreno político —la izquierda abertzale, los partidos constitucionalistas que fueron el objetivo de ETA y su entorno, el PNV desde su posición institucional, Geroa Bai y Elkarrekin Podemos como nuevos actores políticos— como en el terreno de la cultura, con la novela Patria de Fernando Aramburu como el paradigma de la institucionalización del relato hegemónico a través de la ficción.

¿Qué están entendiendo los medios de comunicación y los políticos por relato? ¿Cómo asimilamos este término, cómo lo entendemos cuando nos situamos en nuestra propia memoria en relación al conflicto? Según el diccionario de la RAE, un relato es 1) «conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho» y 2) «narración, cuento». En la definición está su doble vertiente de conocimiento de un hecho y recreación imaginativa, es decir, ficción. Cuando se empezó a usar el término relato en el contexto de la historia del «conflicto» me imagino que se haría según la primera acepción, pero en realidad, hay mucho de la segunda en su construcción.

Cada actor político o parte interesada pugna por construir y compartir un relato que se asiente como el hegemónico, el indiscutible, el verdadero. Por una parte, tenemos el relato de ETA, que afortunadamente no siempre coincide con el de la izquierda abertzale. En sus últimas declaraciones ETA reconoció que había provocado dolor, daños irreparables y por primera vez pidió perdón. Al mismo tiempo, esta declaración se construía en un relato de victimización del pueblo vasco con el que intentaba legitimar su violencia. ETA desplegaba para despedirse la vieja retórica de la lucha por la libertad de Euskal Herria, haciéndose herederos de aquellos gudaris que lucharon en la guerra civil contra el franquismo, herederos del dolor del bombardeo de Gernika y la represión. Tanto ellos como una parte de la izquierda abertzale (no toda) está lejos de la deslegitimación de la violencia. En el extremo opuesto está el relato de «vencedores y vencidos» del PP —azuzado por la AVT, COVITE y por Ciudadanos— que les ha permitido continuar con las medidas de dispersión de los presos de ETA, no reconocer a las víctimas de los GAL y de otros grupos de extrema derecha como víctimas del terrorismo, condecorar a torturadores y eludir su responsabilidad a la hora de investigar las miles de denuncias por torturas en Euskadi. El PSE-EE, PNV, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos están trabajando en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, de la cual se auto-excluyó el PP, intentando llegar a un consenso sobre la memoria (y por tanto, el relato) y las políticas de víctimas y de presos para restaurar la convivencia. El consenso se busca a partir de un «suelo ético» que deslegitime la violencia. Cada vez se acepta más, aunque con reticencias, el plural «violencias» para incluir la que ha provenido del Estado en sus diferentes manifestaciones. Esto genera, irremediablemente, tensiones que a veces hacen a los partidos históricos atrincherarse en viejas posturas.

Cada cual desde su parcela dice responder a un «deber de la memoria» que se convierte en causa justa, en verdad incuestionable. Pero este «deber» también tiene trampa. El pensador e historiador Tzvetan Todorov señalaba que detrás del «deber de la memoria» siempre hay una reivindicación: «por la memoria y contra el olvido», «por la justicia y la memoria». Pero hay veces que aquellos mismos que claman el olvido de algunas cosas, reclaman la memoria para otras. Volvamos a los extremos: ETA insiste en recordar la masacre de Gernika, pero no el asesinato de Miguel Angel Blanco; el PP, por su parte, ha reivindicado hasta la manipulación la memoria de sus víctimas de ETA al mismo tiempo que niega a los familiares de los represaliados por el franquismo el derecho a sacar a sus muertos de las cunetas. Los argumentos en contra del olvido y a favor de «la obligación de recordar» en realidad defienden una particular selección de hechos (es decir, un relato) que permita a sus protagonistas aparecer como héroes, vencedores o víctimas inapelables, en oposición a cualquier otra selección que pueda interferir con sus demandas del presente. Y en esa manipulación de la memoria es donde el relato pasa a convertirse en cuento.

Esto no es nuevo ni exclusivo del caso vasco. La tensión entre memorias en conflicto siempre se salda con la imposición de un relato, en su doble sentido de conocimiento y ficción. Con cada conmemoración, celebramos un relato. La conmemoración toma un hecho concreto del pasado y lo institucionaliza, fija su interpretación para que se convierta en verdad incuestionable, a veces sin respetar la verdad histórica. Así, la memoria individual o bien se ve reflejada en esa conmemoración porque coincide ideológicamente con su discurso, o bien queda marginada porque no se reconoce en él.

Entonces, ¿qué papel juega la memoria individual en esta batalla por el relato? ¿Quién quedará fuera de las conmemoraciones y quién saldrá perdiendo en el relato hegemónico? Está por ver, pero si algunos siguen forzando la historia y manipulando la memoria hasta convertir el relato en cuento, el resultado será una versión unívoca y por tanto mentirosa de nuestro pasado en la que muchos no nos veremos reflejados. Nuestra Euskadi plural, que ha vivido de formas muy diferentes «el conflicto», no cabe en un solo relato. Quizás en vez de esforzarnos en consensuar uno, deberíamos llegar a la conclusión de que, una vez fijada la deslegitimación de la violencia como ingrediente fundamental, lo más sano y democrático es aceptar que habrá una pluralidad de relatos, todos con su parte de verdad y su parte de cuento, que revelarán las distintas experiencias de lo que hemos vivido, muchas divergentes e incluso enfrentadas, pero también muchas en las que se descubrirán más coincidencias y espacios comunes de lo que quizá habíamos imaginado.

Este artículo ha sido publicado en El Correo el 4 de agosto de 2017.

Escribo este texto durante mis últimas horas en Guatemala, donde he pasado un par de semanas. Mientras he estado aquí, en España ha continuado el debate sobre el futuro del Valle de los Caídos y Pablo Casado —que entre muchas mentiras ha dicho que cualquiera que haya querido encontrar a sus familiares asesinados durante el franquismo ha tenido «pleno apoyo» para hacerlo— ha sido elegido presidente del PP. Todo esto lo he observado desde la distancia, contrastando el devenir de nuestro presente con la realidad que me rodea en diferentes lugares de Guatemala y también desde esta Centroamérica convulsa, donde Nicaragua constituye uno de los principales motivos de preocupación.

En Ciudad de Guatemala pregunto si hay un museo de memoria sobre la violencia que asoló el país a partir de 1962 y que tuvo su peor momento entre 1978 y 1983 con el genocidio acelerado de la población indígena —sólo durante el gobierno de Efraín Ríos Montt asesinaron a más de cien mil—. En total, la cifra asciende a doscientos mil muertos y cuarenta y cinco mil desaparecidos. La represión y persecución no finalizó hasta 1996 y también, aunque en menor grado, tuvo su repercusión en la ciudad donde se persiguió brutalmente cualquier disidencia asociada a movimientos de izquierda y guerrillas. Me dicen que no, que como ha habido continuidad entre los militares y los siguientes gobiernos de la democracia, no hay ningún museo de memoria público, que hay alguno que han establecido ONGs, que el genocidio y la represión se siguen negando a nivel institucional (que Ríos Montt nunca pagara por sus crímenes y se mantuviera activo en política es el ejemplo más claro). Una joven me cuenta que ha participado en marchas de protesta contra el gobierno, marchas que se organizan en la universidad y a las que su madre al principio le prohibía ir porque en su época —se refiere a los años 80— quien protestaba, desaparecía. Después de unas cuantas marchas donde ve que la represión no llega a esos extremos, la madre se empieza a sumar a la hija. Tal vez, con lo que está pasando en Nicaragua —más de 350 muertos contabilizados, más de dos mil heridos y doscientos desaparecidos— la madre le prohíba volver a salir a protestar. La memoria de la represión es transferible a diferentes contextos. Leo un libro de cuentos y una novela de dos escritores jóvenes guatemaltecos —Rodrigo Fuentes y Arnoldo Gálvez respectivamente— y en los dos se recoge una memoria herida del pasado, una herencia de violencia irresuelta, tanto de la Guatemala indígena y rural como la universitaria y urbana.

Esta realidad que nosotros miramos de lejos —y que a muchos les importa poco— no nos debería resultar, sin embargo, tan ajena. Cuando pregunto por el posible museo de memoria sufragado por el Estado donde se dé cuenta de las masacres cometidas en el pasado contra la población civil, no puedo dejar de pensar en el Valle de los Caídos. Unos dicen que se tiene que hacer saltar por los aires, otros que no se puede tocar, otros hablan de resignificación. La tercera opción me parece la más válida y la que mejor ha funcionado en otros lugares. Recuerdo lo que en Argentina han hecho con la ESMA: el gobierno creó un lugar de memoria en la sede militar donde el ejercito torturó y retuvo en condiciones inhumanas a miles de detenidos-desaparecidos, desde donde salieron los «vuelos de la muerte» que servían para arrojar al mar a los prisioneros, donde robaron bebés a madres después asesinadas para dárselos a familias del régimen. La chilena Villa Grimaldi se transformó también de espacio del horror a museo de memoria. Deberíamos hacer algo parecido con el Valle de los Caídos, convertirlo en ese espacio público donde recordar el horror de la dictadura, donde llamar a las cosas por su nombre: terror, exterminio, represión sistematizada, tortura, asesinato. ¿Por qué no lo hacemos en España, como tampoco se hace en Guatemala? Porque aquí también ha habido una continuidad entre el pasado y el presente, porque el franquismo no es cosa de cuatro nostálgicos frikis que se van al Valle a alzar el brazo ondeando banderas con aguilucho, sino que ha continuado vivo. Reciclado con aires de modernidad, pero vivo. Aquellos que han heredado su ideología y/o sus privilegios, han sabido transformar el Movimiento en su versión más tecnócrata y aclimatarlo a los tiempos —aunque conservando algo de caspa—, adecuarlo a un sistema democrático que les favorece y si no, torcer el mismo sistema para que así sea. Estar en Guatemala es ser testigo de las consecuencias nefastas de políticas contra la memoria de las víctimas. España, sin embargo, poco tiene que enseñar. He visto iniciativas de memoria y de justicia mucho más avanzadas e inquisitivas en Chile o Argentina. A estos países que consideraron modélica la Transición ahora les mostramos nuestro error al no haber llevado a cabo medidas fundamentales de verdad, justicia y reparación, necesarias tras cualquier dictadura. Es cierto que el gobierno de Zapatero y sus aliados del momento consiguieron aprobar la Ley de Memoria Histórica pero mientras tengamos un partido mayoritario —o dos, a ver— negándose a reconocer el pasado y los derechos de las víctimas, mientras se siga protegiendo a la Fundación Franco o se permitan expresiones como la que hemos visto recientemente en el Valle de los Caídos, también nosotros ofreceremos el triste espectáculo de la inmoralidad de la desmemoria o, peor, de su manipulación.

Este artículo se ha publicado en El Correo el 1 de julio.

Escribir sobre la realidad y el presente no siempre es fácil, especialmente cuando la realidad nos muestra la peor versión de lo que somos. Desde que soltaron a La Manada me ha resultado casi imposible leer las noticias, pasearme por las redes sociales más allá de lo que me obliga mi trabajo. Me cuesta aceptar una justicia que considera oportuno que cinco violadores con otro juicio por violación pendiente salgan a la calle. Me cuesta aceptarlo no sólo porque me parece que los razonamientos no son válidos desde un punto de vista tanto ético como práctico, también porque me da la sensación de que la Audiencia de Navarra (con la excepción del magistrado discrepante) está mandando un doble mensaje contaminado a la sociedad. Primero, soltar a estos cinco después de las protestas que, desde diferentes ámbitos (políticos, sociales, jurídicos) provocó la sentencia de abuso frente a violación parece una versión igualmente chulesca del famoso «que se jodan». Algunos alaban su decisión como muestra de la independencia del poder judicial frente a la opinión pública, pero me río yo de esa independencia cuando comparamos esta decisión con otras que ha tomado la judicatura este año, como en el caso Altsasua o en el de Iñaki Urdangarin. Además, ¿es acaso motivo de celebración que el poder judicial esté tan desvinculado de la necesidad social de cambio ante la injusticia que llegue a atentar con sus decisiones contra esa misma sociedad? ¿Cuántas veces tendremos que repetir que la ley no es siempre justa, que necesitamos una transformación profunda de la legislación vigente para que adopte una perspectiva de género? El segundo mensaje que nos envía la Audiencia de Navarra es que lo que nosotras consideramos violación no lo es, que quedar unos cuantos, llevarse a una chica y violarla siguiendo fantasías de película pornográfica es un modo más de divertirse, con algo de riesgo si te pillan pero nada realmente grave. Me cuesta aceptar todo esto, pero se me hace realmente insoportable que haya personas que no sólo no entiendan nuestra indignación sino que nos ataquen por mostrarnos indignadas y por señalar que vivimos en una sociedad que acepta, reproduce y perpetúa la cultura de la violación.

Cuando hace unos días la pintora, dibujante y escritora Paula Bonet señaló en un tuit que las mujeres están rodeadas de violadores (en sus familias, en su trabajos, en cualquier espacio público), la reacción de hombres y algunas mujeres fue repugnante: toda clase de insultos, de amenazas, de acusaciones. Yo no pude leer la mayoría de los comentarios porque me hacían sentirme físicamente enferma. Lo que señaló Bonet, desde su rabia y su indignación, es una realidad. Por un lado, muchas violaciones, sobre todo a menores, se producen por personas cercanas al entorno de la víctima. Por otro lado en España se denuncian cuatro violaciones diarias. Contando que muchas violaciones no son denunciadas precisamente porque se producen dentro del ámbito familiar o por parte de conocidos o porque la mujer teme agravar su situación si denuncia, lo que señala Bonet no es ninguna exageración. La violencia de la respuesta y el ataque a Bonet hace esta realidad todavía más cruel porque demuestra que muchos de nuestros convecinos no están dispuestos a verla. Y no sólo no están dispuestos a verla sino que hacen todo lo posible para negarla, incluso provocan más violencia a través de sus agresiones verbales y acusaciones.

Llevo días preguntándome qué podemos hacer ante todo esto. En una carta conmovedora que escribió la víctima de La Manada hay alguna clave: primero, mostrar nuestra solidaridad y hacer pública nuestra repulsa; segundo, denunciar a los agresores, a pesar del calvario por el que, como ella misma ha comprobado, hacen pasar a toda víctima de una agresión sexual. ¿Pero es esto bastante? ¿Es suficiente salir a la calle, escribir una columna, señalar a los agresores, si constantemente nos chocamos de frente con instituciones machistas que parecen inapelables e inamovibles y con una parte de la sociedad que aplaude que la mitad de sus miembros sean maltratadas? Hablamos mucho de transformar la sociedad a través de la educación. ¿Pero qué hacemos mientras tanto con esas hordas de defensores de lo inaceptable? Se me ocurren fantasías de feminazi, hacer orgullosamente propio el adjetivo, desempolvar mi katana. Pero sé que tampoco esa es la solución. Desvelamos nuestra intimidad durante el #MeToo para denunciar el abuso, salimos a protestar contra la primera sentencia de La Manada, tomamos las calles el 8M, lo volvimos hacer el pasado 21 de junio. Todo esto ha dado mucha más visibilidad a un problema (el del abuso sexual, en todos sus grados) y ha reavivado un movimiento feminista que se había aletargado en los últimos años. Pero a pesar de todo, a pesar de nuestros esfuerzos por exponer, explicar, visibilizar este problema, muchos de nuestros conciudadanos nos siguen viendo como recipientes donde satisfacer sus deseos o vengar sus rabias y frustraciones. Y cuando nos rebelamos, la única reacción que se les ocurre es la agresión.

Y eso, amigas, yo no sé cómo cambiarlo.