Con motivo de la publicación de la cuarta edición de El eco de los disparos, escribí este prólogo. Aquí lo dejo, íntegro.

Prólogo a la cuarta edición

Acabé de escribir este libro en marzo de 2015, hace más de tres años. Desde entonces, el debate sobre nuestro pasado se ha centrado en torno a lo que se ha venido a llamar «la batalla por el relato». Es decir, la lucha por establecer una versión aceptable y aceptada por todos de lo que nos ha ocurrido. Es un tema que discuto en este libro, pero que desde su publicación se ha convertido en cuestión prioritaria en lo que al «conflicto vasco» se refiere. Esta batalla por el relato se libra tanto en el terreno político —la izquierda abertzale, los partidos constitucionalistas que fueron el objetivo de ETA, el PNV desde su posición institucional, Podemos Euskadi y Navarra y Geroa Bai como nuevos actores políticos— como en el terreno de la representación y de la cultura. La inercia colectiva se decanta, como en cualquier sociedad post-conflicto, por buscar un relato único que narre de la forma más simple el pasado y que nos libere de responsabilidades históricas, que nos haga quedar bien en la foto de la posteridad. Yo defiendo que no puede haber un sólo relato que nos explique, ni una institucionalización de la memoria que diga qué memorias son válidas y cuáles no. Los historiadores tienen hoy, y tendrán en el futuro, un papel fundamental para combatir versiones torticeras del pasado, para evitar, desde el rigor metodológico de la disciplina histórica, que se establezcan interpretaciones legitimadoras de la violencia, para dejar hablar a los hechos innegables. Pero por otro lado —y de eso en buena medida trata este libro— tenemos la suerte de contar con mucha memoria viva, de varias generaciones que han sido testigos de la historia del «conflicto». Mi invitación en este libro es a compartir memoria, a crear relatos plurales de la experiencia que contribuyan a generar un poso de conocimiento del pasado. También mi invitación es a consumir relatos —en la literatura, el cine, las artes— que desvelen la complejidad de nuestra historia y que actúen de contrapeso a versiones unívocas del pasado, que por unívocas son también mentirosas.

Cuando acabé de escribir este libro ETA todavía no había entregado las armas, no se había disuelto, no había reconocido el daño causado. La política de dispersión de los presos de ETA estaba todavía vigente. Las víctimas de los GAL y otros grupos de extrema derecha no eran consideradas víctimas del terrorismo, tampoco las prácticas de tortura habían sido reconocidas por el Estado español. Cuando acabé de escribir este libro vivíamos en una especie de limbo, que había comenzado en aquel 20 de octubre de 2011 cuando ETA anunció el fin de la violencia, un periodo en el que parecía que «el conflicto» había dejado de interesar, tanto dentro como fuera de Euskadi.

¿Cuánto hemos avanzado desde aquel marzo de 2015 hasta este mayo de 2018? ETA se ha disuelto definitivamente. Se ha despedido con dos cartas y un intento de escenificación internacional que no ha recibido la atención que la banda hubiese querido. La forma de llevar a cabo su disolución final —después de casi siete años de declarar el abandono de las armas— constituye un episodio principal de la «batalla por el relato». Con su «Declaración del daño causado» ETA reconoce que ha provocado dolor, daños irreparables y por primera vez pide perdón. Señala también, en la nota aclaratoria que acompaña a la declaración, que cree necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento causado. Daño, perdón, empatía. Palabras hasta ahora ajenas al lenguaje de ETA. Al mismo tiempo, esta declaración se construye dentro de un marco argumentativo problemático, a través de un relato de victimización del pueblo vasco con el que intenta legitimar su violencia. Su responsabilidad directa en el dolor queda diluida en un sufrimiento histórico, que, según la organización, existía antes de comenzar su actividad y continúa en el presente. Según ellos, todo empieza con el bombardeo de Gernika, tras el cual las generaciones posteriores «heredamos aquella violencia y aquel lamento». ETA señala que es consciente del dolor que ha generado, de lo irreparable de sus acciones e insiste en que quiere respetar a las víctimas de sus acciones «en la medida que han resultado damnificados por el conflicto» (no por ETA). Se refiere, específicamente, a aquellas víctimas que «no tenían participación directa» en éste, es decir, los que en otros tiempos se llamaban daños colaterales. Esto, por supuesto, deja fuera a todos los miembros de las fuerzas de seguridad del estado y autonómicas, también a los políticos constitucionalistas, jueces, civiles que levantaron la voz contra ellos o que se negaron a pagar su extorsión. ETA cierra el texto pidiendo una solución democrática al conflicto, «para apagar definitivamente las llamas de Gernika». Gernika de nuevo como paradigma del sufrimiento del pueblo vasco y como justificación de la violencia. Si esta primera declaración es problemática, la segunda lo es aún más. En la llamada «Declaración de Arnaga»*, con la que se ratifica internacional y públicamente el final de ETA, ya no hay mención al sufrimiento ocasionado ni a las víctimas. Ningún reconocimiento de responsabilidad. «Existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro», dicen. «ETA se formó del pueblo, al pueblo vuelve», aseguran. La vieja retórica de la lucha por la libertad de Euskal Herria. Por desgracia, aquellos que han pertenecido a ETA y la siguen defendiendo, aquellos que no condenan su violencia y la intentan legitimar con estas palabras, no desaparecerán. Hemos visto pintadas y carteles en muchos pueblos vascos dando las gracias a ETA: «Eskerrik asko, ETA. Herria zurekin» («Muchas gracias, ETA. El pueblo [está] contigo». Tampoco desaparecerá el dolor que han causado, ni su fantasma y su amenaza. Ya se encargan de decírnoslo con sus últimas palabras: «no repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas».

Queda mucho camino por recorrer para deslegitimar la violencia. Ningún proceso de paz es posible sin un proceso paralelo de memoria y reconocimiento del sufrimiento. Porque una vez que acaba la violencia no termina el daño. El trabajo por hacer tras el final de la violencia es tan importante como el camino que lleva a la paz. Pero no sólo queda pendiente la deslegitimación de la violencia de ETA. La política de dispersión de presos sigue intacta, cuando ya no tiene ningún sentido continuar con estas medidas de excepción. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular —azuzado por algunas asociaciones de víctimas y por Ciudadanos— ha demostrado un inmovilismo total a la hora de defender su versión de la historia: ellos son los vencedores, ETA los vencidos, con lo que no hay necesidad de concesiones. Además, no se han reconocido los crímenes de los GAL y sus víctimas siguen sin figurar como «víctimas del terrorismo», con lo que tampoco se deslegitima la violencia del terrorismo de Estado. Asimismo, el único informe exhaustivo sobre la tortura en Euskadi, preparado por un equipo de investigación liderado por el reputado médico forense Francisco Etxeberria y por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología, fue invalidado por el PSOE-EE. El informe recogía los antecedentes y elaboraba un censo de denuncias por torturas y malos tratos entre 1960-2014, de los cuales una treintena contaba con pruebas judiciales y de peritaje del Tribunal Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; también se presentaban otros doscientos dos casos a los que se ha aplicado el Protocolo de Estambul como prueba pericial para establecer su credibilidad. El PSE-EE rechazó el estudio de Etxeberria porque, según ellos, «medio siglo de terror de ETA se resume a 840 asesinados y más de 3.400 torturados», «alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido», y olvida la labor de «una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho». Esta reacción es otro síntoma de «la batalla por el relato» y del camino que queda para abandonar trincheras. A pesar de que investigar la tortura no significa dar carta blanca a ETA ni justificar su violencia, el rechazo del informe muestra el miedo de perpetuar la versión del «conflicto» según la cual ETA luchó una guerra de liberación.

El debate sobre el relato del pasado está igualmente activo en el campo cultural. En el plano de la representación del «conflicto» ha surgido un libro que definitivamente ha marcado un antes y un después en la literatura sobre el problema vasco, no porque fuera el primero en tratar el tema, como demuestro en este libro y como escribió, de forma más exhaustiva, Iban Zaldua en su excelente ensayo Ese idioma raro y poderoso. Tampoco lo marca, en mi opinión, por su contribución a ampliar el conocimiento sobre el tema, sino por la repercusión mediática y social que ha tenido. Me refiero, por supuesto, a Patria, de Fernando Aramburu. Con veinte ediciones y más de medio millón de ejemplares vendidos, Patria se ha convertido en la novela de referencia sobre la violencia en Euskadi. El eco de los disparos se publicó una semana después que esta novela, por lo cual no incluí un análisis de la misma en este libro. Sí lo hago de su colección de relatos Los peces de la amargura. Creo que en Patria Aramburu desarrolla, magnificadas y ampliadas, las mismas estrategias narrativas que en aquellos relatos con un resultado similar: una visión simplificada de la realidad en aras de la defensa de una tesis. Sus personajes actúan guiados por esa tesis, dentro de una narración melodramática que potencia una versión maniquea y sin matices de la historia. Su éxito radica, precisamente, en que es una novela que tranquiliza conciencias: por un lado confirma todos los prejuicios que los lectores puedan tener no ya sobre ETA y los terroristas, sino también sobre su entorno, el nacionalismo, las terribles madres del supuesto matriarcado vasco, nuestros pueblos hostiles, los escritores euskaldunes, y un largo etcétera, y por otro lado resuelve el conflicto (personal y colectivo) a través de un abrazo conciliador que pone el punto final a la historia. En las primeras páginas del libro explico mi selección de textos y películas que han tratado el tema vasco y por qué no pretendo hacer un análisis exhaustivo de toda la producción cultural relacionada con dicho tema. Es una selección en parte subjetiva, en parte basada en unos criterios muy específicos que Patria no cumple, por lo que no considero oportuno hacer aquí un análisis más detallado de la novela de Aramburu, a pesar de su éxito de crítica y comercial.

La necesidad de escribir este prólogo no viene, sin embargo, de estas cuestiones que aquí resumo. Aunque son importantes, ninguna de ellas cambia, sustancialmente, los asuntos que discuto en el libro, ya que éstos se refieren a realidades del pasado cuya interpretación no varía según lo hacen los acontecimientos presentes. El que haya decidido escribir este prólogo viene a raíz de una crítica, justa y constructiva, que me hizo en privado hace unos pocos meses Pello Salaburu, catedrático de Filología Vasca y rector de la UPV/EHU entre 1996 y 2000. En su opinión, el libro debería haber reconocido la labor de diferentes personas y colectivos que, a diferencia de la mayoría que se mantuvo en silencio, supieron enfrentarse a ETA y su entorno, asumiendo graves riesgos que ni siquiera fueron percibidos como tales por la sociedad. Gesto por la Paz comenzó a organizar manifestaciones silenciosas desde 1987 en muchos lugares del País Vasco, no sólo siempre que ETA asesinaba, también cuando se producían muertes como consecuencia de actos violentos, sin distinción de quién los perpetraba ni cuál era su ideología. Asimismo, durante los largos secuestros de ETA, Gesto organizaba concentraciones silenciosas cada lunes, acompañadas por las campañas del lazo azul como forma de visibilizar el rechazo a estos secuestros. La izquierda abertzale pronto reaccionó a estos «gestos» y comenzó a convocar contramanifestaciones en las que los radicales gritaban sus consignas mientras que los pacifistas guardaban silencio. Entre ellos sólo mediaba un pasillo de seguridad de la policía. Es fácil imaginar la tensión de esos momentos, mayor cuanto más pequeño era el pueblo y más reconocibles los integrantes de los dos grupos, insoportable aquellos días en los que coincidían dos muertes que desde el punto de vista de Gesto debían tener idéntico tratamiento, como podía ser una persona asesinada por ETA frente a un etarra muerto en un enfrentamiento con la policía o por una bomba que le explotaba en las manos. Para la izquierda abertzale esas dos muertes eran «consecuencias del conflicto», pero con la diferencia que sólo una de ellas merecía respeto, protestas, duelo.

Me he referido a Gesto por la Paz porque, en mi opinión, hizo la contribución más profunda, duradera, desinteresada y honesta a la paz en Euskadi y a la deslegitimación de toda violencia. Pero debería añadir, con contribuciones diferentes, organizaciones como Elkarri, Denon Artean, Bakea Orain o la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco. O el Foro de Ermua, fundado por el periodista José Luis López de Lacalle que acabaría siendo asesinado por ETA y al que pertenecían varios profesores de la universidad vasca contra los que atentó la kale borroka y cuyos nombres aparecieron en listas de objetivos. El propio rector Salaburu organizó en 1996 la primera protesta institucional clara de la universidad contra ETA, con motivo del asesinato de Francisco Tomás y Valiente. Esta protesta terminó con graves disturbios en el campus de Leioa de la universidad. Hubo profesores amenazados que tuvieron que vivir escoltados durante años, como lo hicieron algunos escritores, periodistas, empresarios, jueces, etc., que se atrevieron a manifestarse públicamente contra la violencia.

En su crítica, y partiendo de sus propias vivencias, Salaburu me señalaba la escasa atención que presto en el libro a personas como estas, que se enfrentaron a ETA y su entorno. Creo que su crítica refleja una incomodidad con este libro que, si bien sólo él me ha hecho por escrito y detalladamente, es compartida por otros que han vivido experiencias similares. En la siguientes páginas ellos no figuran, o lo hacen de forma tangencial cuando me refiero a las víctimas o a la posibilidad de convertirse en una de ellas si se alzaba la voz contra la violencia. La falta de atención a estos colectivos y las personas que los conformaron no se debe a una falta de reconocimiento a su labor, sino porque en este libro exploro, precisamente, todas las actitudes de la sociedad vasca que no tienen que ver con la resistencia, sino con el silencio, el miedo, la indiferencia, la complicidad, la paralización, el rechazo a la víctima. Esas fueron las actitudes predominantes en nuestra sociedad, nuestra forma de estar en un mundo impregnado de violencia o su amenaza. Es ahí donde me sitúo a la hora de escribir este libro porque yo fui una más de la mayoría silenciosa. Escribo desde la posición del testigo que no dio el paso de alzar la voz, de sumarse a los pocos que pública y abiertamente se posicionaron en contra de la violencia. Todos aquellos que no se ven reflejados en esta representación de la realidad porque sí fueron capaces de romper con la inercia que nos hizo cómplices merecen la atención y el reconocimiento debidos, pero desde el lugar del que escribí esta obra yo no era la persona indicada para hacerlo. Creo que nunca lo seré.

No debemos juzgar actitudes del pasado a la ligera y desde la superioridad moral que nos permite el presente, pero sí podemos, en el aquí y ahora, hacer un esfuerzo honesto para entendernos, reconocer nuestras responsabilidades y reparar, en la medida posible, los daños causados, sean de la magnitud que sean. Este libro fue y sigue siendo, con todos sus fallos y debilidades, el reflejo de ese esfuerzo y una defensa entusiasta de la cultura capaz de ayudarnos a llevar a cabo este proceso.

*Corrección: me refiero en realidad a la carta que leyó el miembro de ETA Josu Ternera que puedes leer aquí y que se difundió el día anterior a la Declaración de Arnaga.

Este artículo se publicó en El Correo el 7 de junio de 2018

Con motivo de la manifestación feminista del 8 de marzo, Pedro Sánchez afirmó que las reivindicaciones de las españolas deberían ser tenidas en cuenta «por la política, la economía, la empresa, por el conjunto de la sociedad y también por el poder judicial”. Y añadió: «A partir de hoy nada va a ser igual en la lucha por la igualdad. Estamos en un momento histórico». Yo, que no me suelo creer las declaraciones de los políticos y mucho menos cuando surgen de un evento del calibre del 8M, no presté atención al comentario pensando que era uno más de un líder que me parecía volátil, acartonado y sin un programa político claro. Tampoco me fijé en que, junto a él, estaba Carmen Calvo, una mujer de su partido de sólida tradición feminista, o la ex-ministra de medio ambiente Cristina Narbona, o la recién nombrada portavoz del grupo socialista Adriana Lastra. Seguramente algunas de las otras ministras que ocupan su gabinete también salieron ese día a la calle, también se emocionaron —como yo, como tantas otras mujeres— al comprobar que ya no estamos dispuestas a comulgar con la rueda de molino del patriarcado.

Pocas veces he visto a un político cumplir no ya una promesa —igual me equivoco, pero creo que Sánchez no hizo ninguna tras el 8M— sino un deseo que es reflejo del deseo de millones de personas. Hablo de las mujeres que queremos un cambio radical en las estructuras de poder que nos representan y que se rigen según una ideología patriarcal radicalmente injusta: nuestras relaciones laborales, nuestra justicia, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra economía (podría seguir nombrando áreas) necesitan renovarse desde una perspectiva de género, que haga visibles y ataje los fallos estructurales que mantienen a la mujer en situación de desigualdad. Pero no sólo estamos contentas las mujeres que queremos este cambio o los hombres con conciencia feminista, también lo estamos —o deberíamos estarlo— todas las personas que valoramos la preparación y la experiencia frente al enchufismo, el clasismo o el privilegio heredado. No sé si habrá algo de esto en algún nombramiento, pero es indiscutible que todas las ministras tienen una experiencia y un curriculum intachables. Esto me parece un mensaje importantísimo para las jóvenes: una España diferente a la que dictó la sentencia de La Manada es posible; una España diferente a la que quería recortar el presupuesto contra la violencia de género es posible; una España en la que la mujer que se forma puede llegar a ministra no es sólo posible, es un hecho.

Hay multitud de mujeres altamente cualificadas que acaban dándose cabezazos contra el techo de cristal. Lo que ha hecho Sánchez es extraordinario pero no debería serlo. Si miramos entre lo mejorcito de cada profesión siempre encontramos alguna mujer ultra-cualificada. Algunos acusan a Sánchez de hacer marketing, pero a mí realmente me da igual. Su acierto es doble: por el buen tino profesional en cada nombramiento y por su mensaje a la sociedad, tanto a las que nos confesamos esperanzadas ante el cambio como a los que siguen pensando que la mujer mejor en la cocina o, como mucho, a la sombra de un buen varón (o barón).

Ahora queda que los medios de comunicación estén a la altura y no se dediquen a valorar el estilo, el físico o la actividad familiar de estas mujeres. Los que todavía no se han dado cuenta de que es inadmisible y sexista, por favor, que cambien de una vez de siglo.

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Vuelta a los orígenes

El 24 de mayo participé en la jornada «Los relatos de la pacificación en el País Vasco» organizada por Jaime Ferri y Manuel Barroso para anunciar el «Máster de resolución de conflictos políticos y construcción de paz» de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Se discutió sobre memoria, la experiencia de las víctimas y la importancia del diálogo y la negociación. Aquí referiré sólo a parte de nuestras conversaciones.

Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco comenzó las jornadas hablando de la memoria como herramienta para generar una reflexión compartida sobre cómo hemos vivido, dónde hemos estado, asumiendo cada uno sus propias responsabilidades. Ezenarro hizo un llamado a la sinceridad y la autocrítica, reconociendo que el pasado no se puede cambiar, pero que desde el presente sí podemos afirmar que lo que pasó fue injusto. Insistió en la necesidad de la transmisión de memorias y en una verdad innegable: el silencio no cura las heridas. Las víctimas nos piden, dijo Ezenarro, que no las silenciemos, que no permitamos que se olvide lo que pasó. Y pocas horas después, las víctimas le dieron la razón. Pilar Zabala (hermana de Joxean Zabala, asesinado por los GAL), Iñaki García Arrizabalaga (hijo de víctima de los Comandos Autónomos Anticapitalistas) y Juan José Mateos (guardia civil y víctima de ETA), resaltaron la necesidad de contar y de ser escuchados, de encontrar espacios seguros donde compartir la experiencia, de transformar su dolor en algo positivo, como contribuir a la paz y la convivencia.

Pili Zabala habló desde una herida muy profunda: la desaparición y asesinato de su hermano a manos de los GAL. «Once años, cinco meses y cinco días», repite Zabala en varias ocasiones durante el día, sin saber qué fue de Joxean. Hasta que encontraron los restos y empezó el otro calvario, el de entender, ahora sí, la dimensión del horror por el que pasó. Por eso uno de los retos fundamentales de los que nos habló Zabala fue el de encontrar la verdad de lo ocurrido, no sólo (que también) la verdad jurídica, sino esa otra verdad que exige la víctima: el por qué, y también el a manos de quién, el cómo y las consecuencias que esa acción violenta e injusta deja en el verdugo. Ella misma buscó esa otra verdad a partir de un encuentro restaurativo. Animada por Julian Ríos, experto en mediación y justicia restaurativa y transicional, Zabala aceptó encontrarse con José Amedo. Su explicación, conmovedora: «Tengo una enfermedad crónica que es el dolor», nos dijo. Aceptó encontrarse con Amedo para intentar sanar ese dolor. Pronto se dio cuenta de que el objetivo del encuentro restaurativo no era conseguir información inmediata, sino escuchar el proceso de la otra persona y que él escuchara su sufrimiento, mirándola a los ojos. A partir de ahí, intentar sanar lo dañado (este encuentro salió publicado en forma esta entrevista en El Mundo que, a pesar de su titular, merece la pena). Interpelada por unas palabras de Laura Mintegi sobre el sufrimiento en Euskadi, Zabala aseguró que a pesar de todo el dolor que ha sentido y sigue sintiendo, nunca se le pasó por la cabeza responder a la violencia con más violencia. En este sentido, García Arrizabalaga reflexionaba sobre la reacción de la mayoría de las víctimas ante la violencia de ETA: ni odio ni rencor. Sólo hubo una víctima que reaccionó violentamente contra sus agresores. Otra cosa es que haya algún colectivo de víctimas —en esto estaban de acuerdo los tres participantes de la mesa— que use su condición de víctima para intentar intervenir en las políticas de Estado, como se está haciendo con el alejamiento de los presos de ETA (tema que también salió a relucir como imprescindible para el avance de la convivencia). García Arrizabalaga señaló el efecto nocivo de las asociaciones que, con ese tipo de injerencia política, quitan legitimidad a las víctimas para el tipo de reivindicación que sí necesitan: verdad, justicia, reparación.

García Arrizabalaga expuso que, según parte de la sociedad vasca, la presencia de las víctimas es anestesiante y que algunos plantean si no es necesario ejercitar un «silencio terapéutico». «El tiempo corre en contra de la memoria», dijo con preocupación. Y es cierto. Lo más fácil para aquellos que defendieron la violencia de ETA sería pasar página o pedir «silencio terapéutico» porque las víctimas incomodan. También lo más fácil para la mayoría de la sociedad sería no tener que enfrentarse a la autocrítica que señalaba Ezenarro, mirar el «conflicto» desde la barrera, pensando que no hemos tenido nada que ver. El tiempo de la memoria es ahora. El tiempo de la autocrítica y el reconocimiento, también. Mintegi decía que todos tenemos algo por lo que disculparnos, que todos fuimos responsables. Discrepo. La izquierda abertzale tiene el mayor trabajo por hacer en el camino de autocrítica para deslegitimar la violencia. No creo que víctimas como Zabala, Mateos o García Arrizabalaga se tengan que disculpar de nada. El resto, la sociedad civil, sí debemos hacerlo, por nuestro silencio y nuestra indiferencia, aunque también dentro de esta sociedad hubo resistentes, como remarcó el periodista Luis Aizpeolea cuando puso como ejemplo que la primera manifestación que se dio en Euskadi contra ETA ocurrió en junio de 1978, cuando el Partido Comunista de Euskadi convocó dos manifestaciones simultáneas en Portugalete y Eibar en protesta por el asesinato del periodista Jose María Portell. Y después vinieron otros: Gesto por la Paz, Elkarri, Denon Artean… Ellos seguro que tienen menos de lo que disculparse que, por ejemplo, yo.

Aizpeolea abrió la última conversación del día, la cual giró en torno al diálogo y la negociación. En su intervención recogió algunos de los comentarios que habían surgido durante el día sobre la necesidad de autocrítica y añadió uno que considero muy importante: la necesidad de que la Audiencia Nacional haga también autocrítica en relación a todas las denuncias de tortura que no tramitaron o a las que hicieron caso omiso. También, como muchos de nosotros, señaló la importancia de acabar con la dispersión y, de nuevo, añadió un matiz: la política indigna de obligar a los presos de ETA a la delación a cambio de beneficios. Jesús Eguiguren explicó, con la humildad y afabilidad que le caracterizan, las conversaciones que tuvo con Arnaldo Otegi durante cuatro años —Otegi fue invitado por el profesor Ferri, por cierto, pero declinó—. Antes de narrar el proceso, hizo una reflexión sobre las víctimas que me gustaría recoger aquí. Habló de las víctimas no contempladas por la legislación, las olvidadas: hijos e hijas de concejales, padres que se han suicidado porque han matado a sus hijos, esos chavales a los que en el patio del colegio les decían «vamos a matar a tu padre porque es de los GAL», muchísimas personas que han sufrido los efectos de ETA pero que no son reconocidos «porque no hay forma de poner un límite». Este comentario me hizo pensar en las secuelas de la violencia en las generaciones siguientes y en la magnífica obra de teatro «Viaje al fin de la noche«, donde la dramaturga María San Miguel explora la herencia de la violencia tanto de ETA como de los GAL en la figura de dos hijos.

Durante la jornada hubo diferencias, alguna tensión, pero me quedo con las últimas palabras de Iñaki García Arrizabalaga: «¿Dónde podemos encontrarnos? En torno al valor superior de la dignidad humana».

Este artículo se publicó en papel el 5 de mayo de 2018 en El Correo. Lo reproduzo aquí en su totalidad.

Estos días de «final definitivo de ETA» me pillan entre aeropuertos y aviones. De hecho, este artículo lo empecé a escribir en el aire, sobrevolando el continente americano, entre México DF y Buenos Aires y lo estoy terminando en un hotel de esta ciudad. Aquí todavía es de mañana, mientras que en Euskadi ya avanza la tarde y ya se han celebrado los últimos fastos del funeral de ETA. Se ha leído la «Declaración de Arnaga» y se ha ratificado internacionalmente su final. Tal vez la geografía y las alturas tienen algo que ver con el distanciamiento que siento, con esta sensación extraña, entre la tristeza y el aburrimiento, que me provocan las declaraciones y los fastos de los dos últimos días. Quizás por esta distancia y, sobre todo, cuando he estado en México por la diferencia de realidades, siento esta distancia emocional. En Xalapa, en Veracruz, uno de los estados más violentos de México, una mujer me señala el título de mi novela (Mejor la ausencia) y me dice que le impactó mucho, porque para ella la palabra «ausencia» remite directamente a los desaparecidos, personas secuestradas por los narcos y que, como los tres estudiantes que hace sólo unos días aparecieron disueltos en ácido, jamás volverán a ver. Yo le explico que no, que nosotros no hemos tenido ese nivel de violencia (pero también me acuerdo de Lasa y Zabala enterrados en cal viva), casi con vergüenza, no queriendo equiparar nuestros ochocientos y pico muertos, nuestra guerra sucia, a las miles de víctimas de la narcoviolencia (sólo en 2017 suman más de diez mil). Es una sensación que también he tenido en Colombia, cuando me han preguntado por los posibles parecidos entre su historia de violencia y la nuestra. Siempre respondo lo mismo, que no son comparables en magnitud ni en proceso histórico. Lo que sí tenemos en común sociedades que han sido atravesadas por la violencia es que, aunque no comparables en cifras de víctimas o en procesos históricos, cada sociedad que ha convivido con una violencia persistente queda marcada por ella; que cada una de sus víctimas y su dolor individual, cada persona que es arrancada brutalmente de nuestra sociedad debe ser reconocida; que ningún proceso de paz es posible sin un proceso paralelo de memoria y reconocimiento del sufrimiento; que una vez que acaba la violencia no termina el daño; que el trabajo por hacer tras el final de la violencia es tan importante como el camino que lleva a la paz. 

Lo que ha querido hacer ETA en la escenificación de su final y con su llamada a la participación internacional es precisamente que se considere «el conflicto vasco» como algo equiparable al colombiano u otros conflictos civiles, donde la resolución ha consistido en una serie de pactos y equilibrios difíciles pero necesarios.  Y por eso, en vez de ocuparse de responder al sufrimiento que ha ocasionado, en vez de ampliar lo que comenzaron la semana pasada con su «Declaración del daño causado» que, aunque de forma limitada y desde una argumentación problemática, daba un paso adelante, en vez de seguir preparando el camino hacia el trabajo por venir, ha perdido el tiempo embalsamando su cadáver. O, como en la genial película «Muerte de un burócrata» de Tomás Gutiérrez Alea, buscando estrategias para frenar el proceso de descomposición y poder sacar el mayor rédito posible al cuerpo del difunto. Así que desde esta sensación extrañada me sitúo frente al cadáver de ETA y sólo veo los últimos espasmos, su gesto siniestro y su putrefacción. Leo sus últimas palabras en forma de elegía -«existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro»- y pienso que muchos ya no están vivos por su culpa y que otros lo están a su pesar. Sí, este pueblo está vivo y quiere ser libre, pero de ellos, de su violencia, y de su legado. Porque la inmensa mayoría de ese pueblo no les pertenece y no les da la bienvenida, a pesar de su solemne declaración final defendiendo que «ETA se formó del pueblo, al pueblo vuelve». Y no puedo evitar una imagen repulsiva de su descomposición, los gusanos dándose un festín con su carne podrida, disolviéndose de esa manera, como ser degradado, en nuestra tierra. Porque por desgracia, es cierto, aquellos que han pertenecido a ETA y la siguen defendiendo, aquellos que no condenan su violencia y la intentan legitimar con estas palabras, no desaparecerán. Tampoco desaparecerá el dolor que han causado, ni su fantasma y su amenaza. Ya se han encargado de decírnoslo: «no repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas».

Después de estos días ETA no volverá a llenar titulares (espero), pero se seguirá escribiendo su hagiografía, algunos seguirán yendo a su tumba a ponerle flores (ya han aparecido pintadas dándoles las gracias), aquellos que celebraban la muerte se presentarán (ya lo hacen) como defensores de la libertad. Pienso en la cantidad de veces que vamos a tener que repetir, hasta el hartazgo, los indiscutibles hechos que muestran que la violencia de ETA nada tuvo que ver con la consecución de la libertad del pueblo vasco. Y me asalta el cansancio, la tristeza y el aburrimiento. Pero luego pienso en las personas que durante los años más duros se manifestaron frente a ellos –el lazo azul de Gesto por la Paz me viene inmediatamente a la cabeza- y me avergüenzo. Conclusión: haré caso a ETA y no dejaré que los problemas se pudran.

Este artículo se publicó en El Correo el 20/4/2018.

La Declaración de ETA sobre el daño causado es un paso hacia la deslegitimación de la violencia. En esta declaración ETA reconoce que ha provocado dolor, daños irreparables y por primera vez piden perdón. Señalan también, en la nota aclaratoria que acompaña a la declaración, que creen necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado. Daño, perdón, empatía. Palabras hasta ahora bastante ajenas al lenguaje de ETA y, tal vez por eso mismo, es necesario analizar con detenimiento el texto. Después de hacerlo, mi impresión es que este texto se construye dentro de marco argumentativo que hace que sus dos grandes declaraciones (el reconocimiento del daño y la petición de perdón) pierdan parte de su fuerza y de su valor. Por desgracia.

ETA comienza su argumentación con una visión histórica del padecimiento, del «sufrimiento desmedido» al que ha sido sometido el pueblo vasco. ETA reconoce su responsabilidad directa en ese dolor, aunque al mismo tiempo señala que no debió producirse jamás ni prolongarse por tanto tiempo no porque ellos estuvieran equivocados en ejercer la violencia como forma de alcanzar sus objetivos políticos, sino porque «este conflicto político e histórico» debería haber contado con una «solución democrática justa». Seguidamente, en el mismo párrafo, se produce un desplazamiento de significado y el sufrimiento del que hablan ya no es el sufrimiento causado por ETA, sino que existía antes de ETA y existe ahora, cuando ETA ya no mata. Y así, la responsable de ese sufrimiento ya no es ETA. ¿Quién es entonces? Es el bombardeo de Gernika, ahí comienza todo. Las generaciones posteriores al bombardeo «heredamos aquella violencia y aquel lamento». En un sólo párrafo pasamos del reconocimiento de la responsabilidad directa del dolor a la victimización del pueblo vasco, que ha sido siempre la justificación de ETA para la violencia. Y aquí, por desgracia, sigue usando la misma retórica de victimización para diluir lo que en principio había parecido un reconocimiento sincero de su responsabilidad.

Seguimos con el siguiente párrafo, donde ETA señala que es consciente del dolor que ha causado, lo irreparable de sus acciones e insiste en que se quiere respetar a las víctimas de las acciones de ETA «en la medida que han resultados damnificados por el conflicto». Nos encontramos aquí, de nuevo, con la misma dinámica de desplazamiento: del reconocimiento del dolor causado por ETA a decir que las víctimas lo son del «conflicto», no de la banda armada.

En el cuarto párrafo, ETA se refiere directamente a las víctimas que «no tenían participación directa en el conflicto». ¿Quiénes son estas víctimas, me pregunto? Seguramente se referirán a los «daños colaterales», es decir, aquellas personas que simplemente pasaban por ahí, o a los niños y niñas que murieron en atentados a casas cuartel, o… Esto, por supuesto, deja fuera a todos los miembros de las fuerzas de seguridad del estado y autonómicas, y me imagino que también a los políticos constitucionalistas que asesinaron. También dejará fuera a los «chivatos» o sospechosos de serlo, los empresarios que se negaron a pagar el impuesto. ¿A quién considera ETA víctimas con responsabilidad en el conflicto? Además, también me pregunto: siendo ésta una declaración de ETA al «pueblo vasco», los «damnificados por el conflicto» a los que se pide perdón ¿serán sólo los que pertenecen a este pueblo?

Al final de la declaración, ETA pide que no se humille a aquellos que han sido injustamente tratados por las fuerzas del Estado y las autonomistas, que todos/as reconozcamos el daño causado y que «deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás». Tienen razón, todo esto es necesario, también aclarar todos los crímenes de Estado que quedan por resolver.

ETA cierra el texto pidiendo una solución democrática al conflicto, «para apagar definitivamente las llamas de Gernika». Gernika tomada por los pelos, como paradigma del sufrimiento del pueblo vasco y como justificación de la violencia. Una pena de conclusión para una declaración que parecía tener un gran potencial. Aun así, quiero pensar que «la honestidad y el pleno respeto» al que se refieren en la nota aclaratoria que acompaña a la declaración son sinceros, que ETA está llevando a cabo un proceso de reflexión y autocrítica que puede acabar en una verdadera deslegitimación de la violencia.

Joaquín Estefanía, Revoluciones: Cincuenta años de rebeldía (1968-2018). Galaxia Gutenberg, 2018. (Reseña publicada en La Marea)

Hace un par de semanas estuve en la presentación del libro de Joaquín Estefanía, Revoluciones: Cincuenta años de rebeldía (1968-2018). El autor estuvo acompañado por el cantautor Ismael Serrano y la periodista Soledad Gallego Díaz. Además de hablar de las características principales y de la importancia del libro, los dos hicieron una lectura del mismo desde un punto de vista generacional y se posicionaron dentro de sus correspondientes movimientos de rebeldía, Serrano en el 15M y Gallego Díaz en la corriente liberadora del 68. El primero no podía evitar dejar traslucir cierta nostalgia al mismo tiempo que decepción con el desarrollo político del 15M, la segunda confesó estar orgullosa de los logros de su generación. Llegó incluso a decir que su generación tenía poco de lo que avergonzarse. Desde la mía (nacida en 1974) diría que la periodista fue demasiado generosa con los suyos: de la misma generación son los que hicieron avances revolucionarios en la cultura, la política y la educación pero también los que acabaron aupando todo el sistema sociopolítico y económico que el mismo 15 M puso en el centro de su indignación. En buena medida, la presentación fue una encarnación de algunas de las luchas y de las contradicciones que desgrana este interesante ensayo de Joaquín Estefanía.

Revoluciones recorre los impulsos revolucionarios desde el 68 que han tenido como características generales la formación de un fuerza revolucionaria cuyo factor de aglutinación ha sido la juventud (que nace entonces como nueva «clase» política), la rebelión contra la autoridad, la indignación ante la desigualdad y la falta de oportunidades de un amplio sector de la población y la oposición a los sistemas de poder, ya sea el elusivo mercado, los organismos de control financiero multinacional, o la casta política que trabaja a su servicio. Estos impulsos revolucionarios son, según Estefanía, las movilizaciones del 68 (Paris, Praga y México) el movimiento altermundista de finales de los 90 (Génova, Seattle) y los indignados del 2011 (Madrid, Occupy Wall Street, la Primavera Árabe). Y frente a estos movimientos, sus correspondientes oleadas reaccionarias y conservadoras: la primera el thatcherismo y el reaganismo; la segunda los neocons y sus «thinktanks»; la tercera el trumpismo.

Estefanía presenta el análisis de cada movimiento revolucionario y su reacción conservadora de forma detallada y lúcida, aportando estudios de economistas, analistas políticos y haciendo él mismo una valoración de cada avance y cada retroceso en la consecución de derechos políticos y sociales. El ensayo constituye así una defensa de la socialdemocracia y del Estado de Bienestar. Hay un interés (creo que consciente) por mostrar por un lado el terreno que se va conquistando cuando hay una emergencia de movimientos sociales que buscan, a grandes rasgos, el bien común y por otro aquellas reacciones conservadoras que no sólo han intentado poner freno a esos avances, sino que han asentado toda una serie de estructuras de desigualdad que favorecen la acumulación de capital y de poder en manos de unos pocos privilegiados (ese 1% al que denunciaba el Occupy Wall Street). En este sentido es un libro que provoca indignación y que enfurece, sobre todo los capítulos en los que Estefanía explica, con gran claridad y aportación de datos, la capacidad de las olas conservadoras de destruir, desde los años setenta del siglo veinte hasta el presente, el Estado de Bienestar, y de hacerlo a través de métodos como la depauperación consciente de las clases trabajadoras, la corrupción y el uso de privilegios políticos para favorecer a los poderes financieros, la desregularización irresponsable de los mercados. Estefanía además muestra cómo esa constante batalla de las sucesivas olas conservadoras contra los derechos que tanto costó conseguir —a la educación, a la vivienda, a una jornada laboral y un sueldo dignos, a una sanidad pública, entre otros— se ve acompañada de la defensa a ultranza del capitalismo feroz y desregulador que destruyó al (neo)keynesianismo y que fue, a la postre, el que llevó a la crisis mundial del 2008. Y nos demuestra Estefanía que esos gobiernos que tanto lucharon para aniquilar la protección que el Estado ofrecía a los ciudadanos y que dieron libertad absoluta a los mercados, son los que acabarían rescatando con dinero público a los grandes bancos y empresas privados. El cinismo y la hipocresía de sus teóricos, la corrupción de las élites políticas (el caso del gobierno de George W. Bush II está magníficamente explicado), la falta de consideración por el bien común, el individualismo y el desprecio a un proyecto social, el conservadurismo moral y retrógrado, son algunas de las características de esos movimientos de reacción.

Como conclusión nos situamos ante un panorama que (y esto es mi opinión, no necesariamente la del autor) resulta desolador, sobre todo si lo ponemos en relación al momento actual en España: ministros y ministras haciendo apología de la muerte (recordemos los cánticos de Semana Santa), corrupción política, falta de independencia del poder judicial, control de la legislación medioambiental por parte de las mayores empresas contaminantes, legislación laboral que favorece la explotación, falta de solidaridad con los más desfavorecidos (inmigrantes, refugiados). Si en 2011 teníamos motivos para salir a las calles, hoy no parece que tengamos ninguno menos. De hecho, el 8M aunó en algunas de sus reivindicaciones la crítica del heteropatriarcado y del capitalismo y sugirió que tal vez el feminismo sea el impulso de una nueva revolución. Joaquín Estefanía apuntó durante la presentación de su libro que si conseguía llegar a una segunda edición, dedicaría un último capítulo a las protestas del 8M y a esta nueva oleada de reivindicaciones feministas. A pesar de tantas batallas perdidas, Estefanía defiende el valor del contrato social democrático, los derechos que proporcionan las libertades y el Estado de Bienestar. No es necesario compartir el punto de vista político del autor para apreciar el análisis que ofrece en este ensayo. Y ese es uno de los valores fundamentales de libro: que se esté de acuerdo o no con el marco político del autor, éste ordena, presenta y explica maravillosamente bien la inmensa cantidad de motivos que tenemos para seguir pensando que un cambio radical de las estructuras políticas, sociales y económicas es necesario si queremos alcanzar el viejo mantra que desde el 68 se empezó de nuevo a reivindicar : libertad, igualdad, fraternidad.

Qué lejos estamos todavía.

Este artículo salió publicado en El Correo el 9 de abril. Lo transcribo aquí en su totalidad.

Leyendo el interesante libro de Joaquín Estefanía Revoluciones: Cincuenta años de rebeldía (1968-2018) me encuentro con una reflexión de Hannah Arendt extraída de su ensayo Los orígenes del totalitarismo que tenía olvidada. Cuenta Arendt que la generación que participó en los eventos del 68 «descubrió lo que en el siglo XVIII se llamó ‘la felicidad pública’, que significa que cuando el hombre (Arendt hoy seguramente hubiera dicho ‘las personas’ o ‘los seres humanos’) participa en la vida pública accede por sí mismo a una dimensión de la experiencia humana que de lo contrario le está vedada, y que de alguna manera constituye la felicidad plena». Hace no mucho —el 8M para ser exactos— sentí esa felicidad pública al salir a las calles con miles de mujeres que reclamaban derechos en los que creo y que defiendo firmemente. Y me preguntaba por qué no buscamos más ese tipo de participación en la vida pública, de acción comunitaria y compartida, por ejemplo en contra de los crecientes ataques contra la libertad de expresión o contra los excesos judiciales de los que tenemos noticia cada día.

No soy la única que me lo pregunto. Hace unos día leía un tuit de una periodista que echaba en cara a la sociedad la falta de movilización en defensa de la libertad de expresión. Otra persona, que lleva décadas defendiendo los derechos civiles y humanos, le respondía que no es momento de hacer reproches sino de reflexionar sobre por qué no nos estamos movilizando. Los motivos tal vez respondan a varias razones. Creo que muchos de esos atropellos están bien vistos porque sus víctimas no inspiran solidaridad, porque para preservar el status quo algunos piensan que todas las armas son buenas, porque entienden que si la judicatura defiende sus mismos valores u objetivos políticos y castiga a todo aquél que se rebele contra ellos, entonces está siendo justa, incluso si eso significa manipular la ley. Cuando Baltasar Garzón, con su proceso 18/98 declaró que «todo es ETA» y procesó a cientos de personas por delitos de colaboración o pertenencia, algunas de las cuales han pasado hasta una década en la cárcel, muy pocas voces se alzaron fuera de Euskadi cuestionando la gravedad de estas acciones. Se entendía que eran medidas duras pero necesarias para acabar con ETA. Al pasar por alto o justificar que en ese proceso se estaba encarcelando a gente por motivos políticos, se creaban las condiciones de posibilidad para lo que está pasando hoy. Por una parte, cualquier crítica o cuestionamiento de los procedimientos de Garzón resultaba sospechosa de filoetarra y por otra se aceptaba que dando superpoderes a la Audiencia Nacional se resolvería no sólo el problema del terrorismo, también se daría un golpe mortal al aparato político independentista. En general, se vio con buenos ojos que por la vía judicial se resolvieran asuntos políticos: los encausados no despertaban ninguna solidaridad, todos eran ETA al fin y al cabo. Hoy, con la detención y encarcelamiento de políticos catalanes pasa algo incluso más grave porque no hay un contexto de terrorismo: se aprueba el método judicial punitivo para resolver un problema político que, además, se concibe como «problema catalán», en vez de un problema nacional que pone al descubierto las limitaciones de la concepción actual del estado español.

Además, en este país hay medios de comunicación y personas encarceladas o procesadas cuya libertad de expresión ha sido claramente vulnerada y cuyos casos no han despertado grandes olas de indignación. Recientemente la revista Mongolia ha sido penalizada con un multa absurda supuestamente para compensar el «honor» mancillado de Ortega Cano, pero en realidad es un castigo por su irreverencia y constante crítica política. El encarcelamiento de raperos, tuiteros, las querellas constantes contra periódicos y periodistas, hacen mella en nuestra capacidad de entender el espacio público como lugar para la protesta. Considero espacio público la calle, pero también los espacios donde tomamos y compartimos la palabra. Tal vez otro motivo para la falta de movilización sea el propio éxito de las medidas punitivas contra la disidencia. ¿Estamos amedrentados? Pero salimos a la calle por otros motivos ¿O será que no nos queda claro que esta ola represiva nos afecta a todos, no sólo a los procesados? También me afecta a mí, a usted que me está leyendo. Porque usted puede estar en contra del independentismo catalán, le puede parecer obscena la Revista Mongolia, puede creer que las letras del rapero Valtonyc son ofensivas y de mal gusto. Pero si piensa que todas estas personas se merecen ir a la cárcel o ser perseguidas judicialmente, si cree que hay que eliminarlas del espacio público porque lo que dicen o hacen le resulta peligroso u ofensivo, si se alegra ante su sufrimiento cuando son detenidos o castigados, entonces no me diga que cree en la democracia y en la libertad de expresión. Dirá que no son lo mismo un político secesionista que un rapero y es cierto, no lo son, pero el encarcelamiento de ambos surge de la misma lógica punitiva y del uso del poder judicial con objetivos políticos y represivos. Si cualquier día sale a la calle para defender su pensión o que su hija tenga un empleo digno, si siente esa «felicidad pública» y se le ocurre decir lo que no debe, es posible que usted acabe procesada, como cualquiera de ellos.

Escribí este artículo a raíz de la muerte de Mame Mbaye Ndiay y la intervención desmesuradamente violenta de la policía durante la noche del jueves 15 de febrero en el barrio de Lavapiés. Transcribo el artículo al completo, publicado el 17 de marzo en El Correo.

Muerte de un mantero

El jueves, 15 de marzo ha muerto en la Calle del Oso (Barrio de Lavapiés, Madrid), Mame Mbaye Ndiaye, un hombre senegalés de 34 años. Era mantero y vendía perfumes, ese día en la Plaza Mayor. Pasó lo que pasa muchas veces: aparece la policía, el mantero tira de la manta y echa a correr con la mercancía y la policía en sus talones. En este caso, la carrera de un kilómetro acabó cuando Mame Mbaye Ndieye cayó desplomado y murió de un infarto. Pocos horas después, ardía Lavapiés: contenedores y mobiliario urbano como barricadas, protestas espontáneas y una respuesta policial de una violencia desmesurada, como atestiguan los numerosos vídeos en las redes sociales.

No me sorprende esta violencia contra africanos manteros de Lavapiés porque he sido testigo de ella. La noche del martes 3 de febrero de 2015, poco minutos después de las once de la noche entraba en la plaza Tirso de Molina desde la Calle Magdalena cuando vi aparecer atravesando la plaza como una exhalación un grupo de africanos con sus fardos a cuestas. A esas horas lo normal es que pasen por el barrio tranquilos, en pequeños grupos de cinco o seis, charlando animadamente hasta sus hogares, la mayoría en la parte baja del barrio. Pero los hombres de este grupo, tal vez diez o doce, corrían y gritaban, miraban hacia atrás despavoridos, evidentemente huyendo de la policía. Pocos segundos después vi a otro joven africano adentrarse en la plaza seguido muy de cerca por dos policías nacionales. En cuestión de segundos uno de los agentes consiguió alcanzarle, empujándole con fuerza al hacerlo. El joven africano medio cayó al suelo y, mientras intentaba mantener el equilibrio, el agente le golpeó con su porra repetidamente. El joven se incorporó intentando librarse de los golpes y gritando. Para ese momento, yo me había acercado y pude ver claramente cómo el policía lo empujaba contra la pared ayudado por golpes de porra. Cuando tuvo la espalda del joven contra la pared le puso la porra en la garganta para reducirlo. El joven se movía espasmódicamente y consiguió librarse parcialmente, dar varios pasos, todavía gritando despavorido, mientras ahora los dos agentes le pegaban con sus porras. Lo pusieron encima de uno de los maceteros de cemento que hay en la parte superior de la plaza y ahí, mientras el joven gritaba, siguieron pegándole, forzándole uno de los brazos para ponerle las esposas. En ese momento vi que un chico se acercaba a los agentes, pidiéndoles que por favor dejaran de maltratarlo, que intentaran calmarlo porque claramente estaba en estado de pánico. Yo salí de mi estupor y también me acerqué a ellos. Al ver al joven africano de cerca me di cuenta de que tenía la boca llena de sangre, que sus espasmos eran más de pánico que de rebeldía, que tenía la mirada y la cara desencajadas por el miedo. Otras dos chicas se sumaron al corrillo y después lo hicieron tres o cuatro personas más. En total éramos unas 10 personas observando la escena y pidiendo a los dos policías que por favor dejaran de maltratarlo, que no estaban ante un criminal sino un pobre chico que vendía bolsos. Parecía que los ánimos se iban a calmar un poco, incluso pensé en un momento que igual conseguíamos que por lo menos dejaran de pegar al joven africano. Pero en ese momento oí las sirenas y vi que se habían estacionado cerca dos furgones de policía y un coche. Bajaron lo que me pareció un contingente demasiado grande de agentes, se desplegaron en formación como si fueran a atacarnos y, de muy malas maneras uno nos dijo gritando, y cito: “iros a vuestra puta casa”. Yo, que estaba justo al lado de los dos agentes y el joven africano, recibí un empujón para que me retirara y así pudieran pasar los agentes con el joven detenido, a quien finalmente se llevaron esposado. La brutalidad de la detención, la violencia excesiva e injustificada contra un joven indefenso, la total falta de empatía de los agentes hacia el sufrimiento de este ser humano, el desprecio con el que trataron al grupo de ciudadanos que con palabras intentaban defenderlo, me llenaron de rabia y tristeza.

Al día siguiente fui a una de las asociaciones de Lavapiés que defienden los derechos de inmigrantes. Les conté lo que había visto y me dijeron que esa actuación era normal. Les pregunté qué podíamos hacer. Me dijeron que les diera la descripción del chico, a ver si le conseguían encontrar. Sin encontrarlo tampoco podrían cursar una denuncia. Les envié por escrito mi testimonio, en el cual me he basado para escribir este texto, y quedamos en que si conseguían encontrar al chico me llamarían para testificar. Nunca lo hicieron.

Si yo fuera Mame Mbaye Ndiaye también hubiera corrido despavorida, hubiera puesto mi cuerpo al límite para escapar de una detención brutal que posiblemente acabaría con la expulsión del país, pasando por un CIE. Si yo fuera los compañeros de Mame Mbaye Ndiaye también estaría ahogada por la rabia y la tristeza, como a mi modo y desde mi posición de privilegio lo estoy: por su muerte, por aquél chico del que nunca supe su nombre, por todas las personas migrantes que llegan a nuestro país —si no mueren antes en el tránsito— buscando una vida mejor y acabamos destrozándosela.

Escribí este comentario para La Marea sobre «Las tierras arrasadas», una novela del mexicano Emiliano Monge que me ha impresionado y conmovido. La recomiendo.

¿Qué ocurre cuando la violencia es la única forma de relación con la realidad que uno conoce, cuando la vida es una continua lección de crueldad y maltrato, cuando no se entiende otra moral que la del daño? ¿Qué ocurre cuando vivir significa matar, cuando la disyuntiva no se plantea entre vida o muerte, sino entre la muerte propia y la ajena? En situaciones de extrema violencia, ¿quién se salva de convertirse en verdugo salvo los que no sobreviven?

Me surgen estas preguntas al leer Las tierras arrasadas (Literatura Random House), del autor mexicano Emiliano Monge, una novela desgarradora sobre los secuestros de migrantes centroamericanos que emprenden El viaje al Norte: el cruce a través de México para llegar a los Estados Unidos. Seguir leyendo

Reproduzco aquí este artículo que se publicó el 8 de marzo en El Correo.

A mí me parece muy bien que Cristina Cifuentes o Inés Arrimadas no secunden la huelga del 8M. Hacerlo sería una hipocresía, como lo es que sus partidos participen en la celebración del orgullo gay. Pero que sean consecuentes y digan, a las claras, que no son feministas. El feminismo de derechas no existe. El feminismo, como ideología de igualdad social, es incompatible con la defensa de las estructuras socioeconómicas y políticas del patriarcado y del neoliberalismo. Es como decir que Pilar Primo de Rivera, por tener un perfil público y político durante el Franquismo y ser mujer, era feminista, cuando lo que hizo fue institucionalizar la sumisión de la mujer. El hecho de que una mujer esté en política, tenga carácter o tome decisiones importantes no significa que sea feminista. El hecho de que una mujer opine sobre temas de mujeres no significa que sea feminista. El feminismo es una ideología de igualdad radical —esto es, igualdad desde la raíz— y la derecha neoliberal del PP o Ciudadanos lo que defiende es, precisamente, la desigualdad, el privilegio de los poderosos y la continuación de la explotación de los más vulnerables. Tampoco nos tendría que sorprender que estas mujeres estén en contra de la huelga feminista porque pertenecen a partidos que no son particularmente favorables a la lucha por los derechos de los trabajadores. El 8M es, que no se nos olvide, una celebración que tiene su origen en las protestas de las mujeres trabajadoras que, desde mediados del XIX y con su incorporación al trabajo en fábricas, protagonizaron huelgas multitudinarias en Europa y Estados Unidos. Y que tampoco se nos olvide que la primera propuesta de celebración de un día internacional de la mujer la hizo Clara Zetkin durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910. Y que fue un 8 de marzo de 1917 cuando las mujeres rusas se sublevaron ante la escasez de alimentos y dieron paso a las revueltas que en octubre acabarían con el régimen zarista.

Así que lo que celebramos hoy —o por lo menos lo que yo celebro— es a la mujer trabajadora y lo hacemos —o por lo menos yo lo hago— desde el convencimiento de que el feminismo es una ideología y una práctica política que busca no sólo alcanzar los derechos que nos faltan para estar en igualdad de condiciones con los hombres (aquí habría que hablar de brecha salarial, techo salarial, falta de representación en instituciones, conciliación laboral, por supuesto violencia machista, etc), sino que busca transformar la sociedad desde sus estructuras más profundas. Reducir el feminismo a la lucha por beneficios individuales siempre ha llevado a su paralización como proyecto, hasta que las mujeres se dan cuenta de que todavía —sí, todavía— hay mucho por lo que luchar. Es el caso, por ejemplo, del sufragismo. Cuando las feministas de principios del siglo XX se centraron en la lucha por el sufragio, lo hicieron desde una concepción de la universalidad limitada al privilegio de la clase burguesa y blanca. Emma Goldman, la anarquista feminista de origen lituano que residió la mayor parte de su vida en EE.UU., criticaba el sufragismo porque veía claramente sus limitaciones: el sufragio no incluía ni a las mujeres negras ni a las prostitutas, era un movimiento de mujeres en su mayoría burguesas que no tenían que preocuparse de otras injusticias inmediatas, como sufrir jornadas de 12 horas en regímenes de explotación inhumanos, sin derechos reproductivos y sometidas a instituciones opresivas: el Estado, la religión, la familia, el matrimonio. Para Goldman el sufragio mal llamado universal no era la prioridad, sino cambiar las estructuras sociales que causaban la pobreza radical, que condenaban a la mujer a la explotación sexual y laboral, que la hacían ignorante e incapaz de defender sus intereses y derechos. Y estaba convencida de que el derecho a votar no iba a suponer el triunfo del feminismo, sino la perpetuación de una sociedad radicalmente injusta. Y no estaba tan desencaminada. Lo mismo ha pasado con otras olas de feminismo posteriores, que se enfocaban exclusivamente en la consecución de derechos inmediatos o se contentaban con alcanzarlos, como en España el derecho al aborto o el divorcio. Una vez que se consiguen esos derechos —que, por supuesto, son triunfos indiscutibles— nos relajamos, pensando que el feminismo ya ha cumplido su función y que por tanto se convierte en una ideología obsoleta o innecesaria. Hasta que salta la liebre de nuevo. Ahora ha vuelto a saltar, en buena medida gracias al #MeToo y la visibilidad que ha dado al abuso y al acoso de la mujer, pero también por otros temas en los que el feminismo tiene mucho que aportar, como el de la gestación subrogada y la necesidad de cambiar la legislación sobre violencia machista.

Por eso hoy, Día Internacional de la Mujer, he querido volver a los orígenes difusos pero indiscutibles de esta celebración y recordar el espíritu que impulsó a mujeres como Zetkin o Goldman a luchar, desde una idea de sororidad universal, por un cambio radical y profundo de las estructuras sociales, mujeres que no se conformaron con la consecución de derechos individuales e inmediatos, sino que se atrevieron a imaginar un mundo de igualdad y justicia social.