A raíz de la controversia que ha habido con ‘El informe sobre tortura’, presentado ante el Gobierno Vasco por Franscisco Etxebarria, ayer publiqué en El Correo este artículo sobre las dificultades que supone la investigación de la tortura y sobre la necesidad de visibilizarla, admitir su existencia y atender a sus víctimas.

La tortura y la sospecha razonable (publicado el 29 de diciembre de 2017)

«La mera sospecha razonable de la existencia de la tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos a despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir este fenómeno». Así se advierte en el «Informe sobre tortura», preparado por un equipo de investigación liderado por el reputado médico forense Francisco Etxeberria y por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología. De esta manera el documento reconoce la fragilidad y la subjetividad que conlleva la investigación de la tortura, en la que no es fácil obtener certezas absolutas y verdades comprobadas.  Pero esto no significa renunciar a realizar un estudio científico: el informe recoge los antecedentes y elabora un censo de denuncias por torturas y malos tratos entre 1960-2014, de los cuales una treintena cuenta con pruebas judiciales y de peritaje del Tribunal Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; además, hay otros doscientos dos casos a los que se ha aplicado el Protocolo de Estambul como prueba pericial para establecer su credibilidad. Pero el total de denuncias recogidas asciende a 4.113 casos. Entre la sospecha razonable o duda y la elaboración científica hay un amplio espacio gris que ha provocado no pocas críticas debidas a este desajuste entre el aporte de pruebas científicas y la aceptación, como base para el estudio, de testimonios no ratificados.

Ante estas críticas, hay que recordar que la tortura es un crimen difícil de demostrar, tanto por los efectos que causa en la víctima como por la impunidad de la que generalmente goza el torturador. El objetivo de la tortura (ya sea física o psicológica) es deshumanizar al torturado, infligir en él un sufrimiento y un miedo de tal calibre que anule su voluntad, que deje al individuo en un desamparo, una desnudez y una vulnerabilidad de la que es difícil reponerse. La víctima, en la mayoría de las situaciones, tiene miedo a denunciar inmediatamente, ya que para ello debe ampararse en el mismo sistema del que forman parte sus torturadores. En otras ocasiones —y de esto han dado cuenta los tribunales— la persona torturada ha testificado ante un médico forense, pero éste no ha recogido sus denuncias. Varios organismos internacionales han condenado al Estado español por no investigar denuncias y/o por no haber practicado las pruebas necesarias en el momento de la denuncia. Que un torturado sea capaz de demostrar el daño sufrido en el momento que este se produce es, por estos motivos, muy complicado. Pretender que un estudio sobre la tortura sea cien por cien científico es exigir un imposible y negar a priori la validez del testimonio de la víctima.

El PSE-EE ha rechazado el estudio de Etxeberria porque, según ellos, «medio siglo de terror de ETA se resume a 840 asesinados y más de 3.400 torturados», «alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido», y olvida la labor de «una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho». Creo que esta reacción —otro síntoma de la batalla por el «relato»— proyecta sobre el informe una intencionalidad política ausente en él. En sus conclusiones no se equipara la violencia de ETA con la de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tampoco se justifica la una por la otra ni se habla comparativamente de las víctimas. El estudio se centra exclusivamente en la práctica de la tortura, no en la actuación global de las FSE y, por eso mismo, no tendría ningún sentido esa valoración que reclama el PSE. Investigar la tortura no significa dar carta blanca a ETA ni justificar su violencia. Dicen que no aceptan el informe ni en contenido ni en forma, pero muchos de sus militantes también fueron torturados durante el franquismo. Lo que me lleva a pensar que su negativa igual tiene más que ver con lo que algunos en la izquierda abertzale puedan hacer con esta información, que es precisamente perpetuar la versión del «conflicto» según la cual lo suyo ha sido una guerra justa. Otra vez, la batalla por el «relato».

Me da la impresión de que este documento no aspiraba a convertirse en verdad incuestionable ni en arma política, sino que la función de esta suma de testimonios, investigaciones, sentencias e interpretaciones, sería otra: visibilizar la tortura y hacerla una parte ineludible en los debates actuales sobre memoria, derechos humanos y convivencia. Negar la existencia de la tortura nos impide entender una parte importante de lo que nos ha pasado. Silenciarla, nos incapacita para ver y atender a sus víctimas. Quedan muchos asuntos pendientes por resolver y muchos pesan sobre ETA y sus colaboradores, pero la tortura también lo es. Reconocerlo no anula ninguna cuenta pendiente.