Este artículo se publicó en la revista especial que eldiarionorte.es editó conmemorando su décido aniversario en junio 2018 y en digital el 4 de agosto.

Desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia en 2011, y sobre todo en los últimos dos o tres años, el debate sobre nuestro pasado se ha centrado en torno a lo que se ha venido a llamar “la batalla por el relato”. Es decir, la lucha por establecer una versión aceptable, y aceptada por la mayoría, de lo que nos ha ocurrido. Esta batalla se libra tanto en el terreno político —la izquierda abertzale, los partidos constitucionalistas que fueron el objetivo de ETA y su entorno, el PNV desde su posición institucional, Geroa Bai y Elkarrekin Podemos como nuevos actores políticos— como en el terreno de la cultura, con la novela Patria de Fernando Aramburu como el paradigma de la institucionalización del relato hegemónico a través de la ficción.

¿Qué están entendiendo los medios de comunicación y los políticos por relato? ¿Cómo asimilamos este término, cómo lo entendemos cuando nos situamos en nuestra propia memoria en relación al conflicto? Según el diccionario de la RAE, un relato es 1) “conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho” y 2) “narración, cuento”. En la definición está su doble vertiente de conocimiento de un hecho y recreación imaginativa, es decir, ficción. Cuando se empezó a usar el término relato en el contexto de la historia del “conflicto” me imagino que se haría según la primera acepción, pero en realidad, hay mucho de la segunda en su construcción.

Cada actor político o parte interesada pugna por construir y compartir un relato que se asiente como el hegemónico, el indiscutible, el verdadero. Por una parte, tenemos el relato de ETA, que afortunadamente no siempre coincide con el de la izquierda abertzale. En sus últimas declaraciones ETA reconoció que había provocado dolor, daños irreparables y por primera vez pidió perdón. Al mismo tiempo, esta declaración se construía en un relato de victimización del pueblo vasco con el que intentaba legitimar su violencia. ETA desplegaba para despedirse la vieja retórica de la lucha por la libertad de Euskal Herria, haciéndose herederos de aquellos gudaris que lucharon en la guerra civil contra el franquismo, herederos del dolor del bombardeo de Gernika y la represión. Tanto ellos como una parte de la izquierda abertzale (no toda) está lejos de la deslegitimación de la violencia. En el extremo opuesto está el relato de “vencedores y vencidos” del PP —azuzado por la AVT, COVITE y por Ciudadanos— que les ha permitido continuar con las medidas de dispersión de los presos de ETA, no reconocer a las víctimas de los GAL y de otros grupos de extrema derecha como víctimas del terrorismo, condecorar a torturadores y eludir su responsabilidad a la hora de investigar las miles de denuncias por torturas en Euskadi. El PSE-EE, PNV, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos están trabajando en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, de la cual se auto-excluyó el PP, intentando llegar a un consenso sobre la memoria (y por tanto, el relato) y las políticas de víctimas y de presos para restaurar la convivencia. El consenso se busca a partir de un “suelo ético” que deslegitime la violencia. Cada vez se acepta más, aunque con reticencias, el plural “violencias” para incluir la que ha provenido del Estado en sus diferentes manifestaciones. Esto genera, irremediablemente, tensiones que a veces hacen a los partidos históricos atrincherarse en viejas posturas.

Cada cual desde su parcela dice responder a un “deber de la memoria” que se convierte en causa justa, en verdad incuestionable. Pero este “deber” también tiene trampa. El pensador e historiador Tzvetan Todorov señalaba que detrás del “deber de la memoria” siempre hay una reivindicación: “por la memoria y contra el olvido”, “por la justicia y la memoria”. Pero hay veces que aquellos mismos que claman el olvido de algunas cosas, reclaman la memoria para otras. Volvamos a los extremos: ETA insiste en recordar la masacre de Gernika, pero no el asesinato de Miguel Angel Blanco; el PP, por su parte, ha reivindicado hasta la manipulación la memoria de sus víctimas de ETA al mismo tiempo que niega a los familiares de los represaliados por el franquismo el derecho a sacar a sus muertos de las cunetas. Los argumentos en contra del olvido y a favor de “la obligación de recordar” en realidad defienden una particular selección de hechos (es decir, un relato) que permita a sus protagonistas aparecer como héroes, vencedores o víctimas inapelables, en oposición a cualquier otra selección que pueda interferir con sus demandas del presente. Y en esa manipulación de la memoria es donde el relato pasa a convertirse en cuento.

Esto no es nuevo ni exclusivo del caso vasco. La tensión entre memorias en conflicto siempre se salda con la imposición de un relato, en su doble sentido de conocimiento y ficción. Con cada conmemoración, celebramos un relato. La conmemoración toma un hecho concreto del pasado y lo institucionaliza, fija su interpretación para que se convierta en verdad incuestionable, a veces sin respetar la verdad histórica. Así, la memoria individual o bien se ve reflejada en esa conmemoración porque coincide ideológicamente con su discurso, o bien queda marginada porque no se reconoce en él.

Entonces, ¿qué papel juega la memoria individual en esta batalla por el relato? ¿Quién quedará fuera de las conmemoraciones y quién saldrá perdiendo en el relato hegemónico? Está por ver, pero si algunos siguen forzando la historia y manipulando la memoria hasta convertir el relato en cuento, el resultado será una versión unívoca y por tanto mentirosa de nuestro pasado en la que muchos no nos veremos reflejados. Nuestra Euskadi plural, que ha vivido de formas muy diferentes “el conflicto”, no cabe en un solo relato. Quizás en vez de esforzarnos en consensuar uno, deberíamos llegar a la conclusión de que, una vez fijada la deslegitimación de la violencia como ingrediente fundamental, lo más sano y democrático es aceptar que habrá una pluralidad de relatos, todos con su parte de verdad y su parte de cuento, que revelarán las distintas experiencias de lo que hemos vivido, muchas divergentes e incluso enfrentadas, pero también muchas en las que se descubrirán más coincidencias y espacios comunes de lo que quizá habíamos imaginado.

Este artículo ha sido publicado en El Correo el 4 de agosto de 2017.

Escribo este texto durante mis últimas horas en Guatemala, donde he pasado un par de semanas. Mientras he estado aquí, en España ha continuado el debate sobre el futuro del Valle de los Caídos y Pablo Casado —que entre muchas mentiras ha dicho que cualquiera que haya querido encontrar a sus familiares asesinados durante el franquismo ha tenido “pleno apoyo” para hacerlo— ha sido elegido presidente del PP. Todo esto lo he observado desde la distancia, contrastando el devenir de nuestro presente con la realidad que me rodea en diferentes lugares de Guatemala y también desde esta Centroamérica convulsa, donde Nicaragua constituye uno de los principales motivos de preocupación.

En Ciudad de Guatemala pregunto si hay un museo de memoria sobre la violencia que asoló el país a partir de 1962 y que tuvo su peor momento entre 1978 y 1983 con el genocidio acelerado de la población indígena —sólo durante el gobierno de Efraín Ríos Montt asesinaron a más de cien mil—. En total, la cifra asciende a doscientos mil muertos y cuarenta y cinco mil desaparecidos. La represión y persecución no finalizó hasta 1996 y también, aunque en menor grado, tuvo su repercusión en la ciudad donde se persiguió brutalmente cualquier disidencia asociada a movimientos de izquierda y guerrillas. Me dicen que no, que como ha habido continuidad entre los militares y los siguientes gobiernos de la democracia, no hay ningún museo de memoria público, que hay alguno que han establecido ONGs, que el genocidio y la represión se siguen negando a nivel institucional (que Ríos Montt nunca pagara por sus crímenes y se mantuviera activo en política es el ejemplo más claro). Una joven me cuenta que ha participado en marchas de protesta contra el gobierno, marchas que se organizan en la universidad y a las que su madre al principio le prohibía ir porque en su época —se refiere a los años 80— quien protestaba, desaparecía. Después de unas cuantas marchas donde ve que la represión no llega a esos extremos, la madre se empieza a sumar a la hija. Tal vez, con lo que está pasando en Nicaragua —más de 350 muertos contabilizados, más de dos mil heridos y doscientos desaparecidos— la madre le prohíba volver a salir a protestar. La memoria de la represión es transferible a diferentes contextos. Leo un libro de cuentos y una novela de dos escritores jóvenes guatemaltecos —Rodrigo Fuentes y Arnoldo Gálvez respectivamente— y en los dos se recoge una memoria herida del pasado, una herencia de violencia irresuelta, tanto de la Guatemala indígena y rural como la universitaria y urbana.

Esta realidad que nosotros miramos de lejos —y que a muchos les importa poco— no nos debería resultar, sin embargo, tan ajena. Cuando pregunto por el posible museo de memoria sufragado por el Estado donde se dé cuenta de las masacres cometidas en el pasado contra la población civil, no puedo dejar de pensar en el Valle de los Caídos. Unos dicen que se tiene que hacer saltar por los aires, otros que no se puede tocar, otros hablan de resignificación. La tercera opción me parece la más válida y la que mejor ha funcionado en otros lugares. Recuerdo lo que en Argentina han hecho con la ESMA: el gobierno creó un lugar de memoria en la sede militar donde el ejercito torturó y retuvo en condiciones inhumanas a miles de detenidos-desaparecidos, desde donde salieron los “vuelos de la muerte” que servían para arrojar al mar a los prisioneros, donde robaron bebés a madres después asesinadas para dárselos a familias del régimen. La chilena Villa Grimaldi se transformó también de espacio del horror a museo de memoria. Deberíamos hacer algo parecido con el Valle de los Caídos, convertirlo en ese espacio público donde recordar el horror de la dictadura, donde llamar a las cosas por su nombre: terror, exterminio, represión sistematizada, tortura, asesinato. ¿Por qué no lo hacemos en España, como tampoco se hace en Guatemala? Porque aquí también ha habido una continuidad entre el pasado y el presente, porque el franquismo no es cosa de cuatro nostálgicos frikis que se van al Valle a alzar el brazo ondeando banderas con aguilucho, sino que ha continuado vivo. Reciclado con aires de modernidad, pero vivo. Aquellos que han heredado su ideología y/o sus privilegios, han sabido transformar el Movimiento en su versión más tecnócrata y aclimatarlo a los tiempos —aunque conservando algo de caspa—, adecuarlo a un sistema democrático que les favorece y si no, torcer el mismo sistema para que así sea. Estar en Guatemala es ser testigo de las consecuencias nefastas de políticas contra la memoria de las víctimas. España, sin embargo, poco tiene que enseñar. He visto iniciativas de memoria y de justicia mucho más avanzadas e inquisitivas en Chile o Argentina. A estos países que consideraron modélica la Transición ahora les mostramos nuestro error al no haber llevado a cabo medidas fundamentales de verdad, justicia y reparación, necesarias tras cualquier dictadura. Es cierto que el gobierno de Zapatero y sus aliados del momento consiguieron aprobar la Ley de Memoria Histórica pero mientras tengamos un partido mayoritario —o dos, a ver— negándose a reconocer el pasado y los derechos de las víctimas, mientras se siga protegiendo a la Fundación Franco o se permitan expresiones como la que hemos visto recientemente en el Valle de los Caídos, también nosotros ofreceremos el triste espectáculo de la inmoralidad de la desmemoria o, peor, de su manipulación.

Este artículo se ha publicado en El Correo el 1 de julio.

Escribir sobre la realidad y el presente no siempre es fácil, especialmente cuando la realidad nos muestra la peor versión de lo que somos. Desde que soltaron a La Manada me ha resultado casi imposible leer las noticias, pasearme por las redes sociales más allá de lo que me obliga mi trabajo. Me cuesta aceptar una justicia que considera oportuno que cinco violadores con otro juicio por violación pendiente salgan a la calle. Me cuesta aceptarlo no sólo porque me parece que los razonamientos no son válidos desde un punto de vista tanto ético como práctico, también porque me da la sensación de que la Audiencia de Navarra (con la excepción del magistrado discrepante) está mandando un doble mensaje contaminado a la sociedad. Primero, soltar a estos cinco después de las protestas que, desde diferentes ámbitos (políticos, sociales, jurídicos) provocó la sentencia de abuso frente a violación parece una versión igualmente chulesca del famoso “que se jodan”. Algunos alaban su decisión como muestra de la independencia del poder judicial frente a la opinión pública, pero me río yo de esa independencia cuando comparamos esta decisión con otras que ha tomado la judicatura este año, como en el caso Altsasua o en el de Iñaki Urdangarin. Además, ¿es acaso motivo de celebración que el poder judicial esté tan desvinculado de la necesidad social de cambio ante la injusticia que llegue a atentar con sus decisiones contra esa misma sociedad? ¿Cuántas veces tendremos que repetir que la ley no es siempre justa, que necesitamos una transformación profunda de la legislación vigente para que adopte una perspectiva de género? El segundo mensaje que nos envía la Audiencia de Navarra es que lo que nosotras consideramos violación no lo es, que quedar unos cuantos, llevarse a una chica y violarla siguiendo fantasías de película pornográfica es un modo más de divertirse, con algo de riesgo si te pillan pero nada realmente grave. Me cuesta aceptar todo esto, pero se me hace realmente insoportable que haya personas que no sólo no entiendan nuestra indignación sino que nos ataquen por mostrarnos indignadas y por señalar que vivimos en una sociedad que acepta, reproduce y perpetúa la cultura de la violación.

Cuando hace unos días la pintora, dibujante y escritora Paula Bonet señaló en un tuit que las mujeres están rodeadas de violadores (en sus familias, en su trabajos, en cualquier espacio público), la reacción de hombres y algunas mujeres fue repugnante: toda clase de insultos, de amenazas, de acusaciones. Yo no pude leer la mayoría de los comentarios porque me hacían sentirme físicamente enferma. Lo que señaló Bonet, desde su rabia y su indignación, es una realidad. Por un lado, muchas violaciones, sobre todo a menores, se producen por personas cercanas al entorno de la víctima. Por otro lado en España se denuncian cuatro violaciones diarias. Contando que muchas violaciones no son denunciadas precisamente porque se producen dentro del ámbito familiar o por parte de conocidos o porque la mujer teme agravar su situación si denuncia, lo que señala Bonet no es ninguna exageración. La violencia de la respuesta y el ataque a Bonet hace esta realidad todavía más cruel porque demuestra que muchos de nuestros convecinos no están dispuestos a verla. Y no sólo no están dispuestos a verla sino que hacen todo lo posible para negarla, incluso provocan más violencia a través de sus agresiones verbales y acusaciones.

Llevo días preguntándome qué podemos hacer ante todo esto. En una carta conmovedora que escribió la víctima de La Manada hay alguna clave: primero, mostrar nuestra solidaridad y hacer pública nuestra repulsa; segundo, denunciar a los agresores, a pesar del calvario por el que, como ella misma ha comprobado, hacen pasar a toda víctima de una agresión sexual. ¿Pero es esto bastante? ¿Es suficiente salir a la calle, escribir una columna, señalar a los agresores, si constantemente nos chocamos de frente con instituciones machistas que parecen inapelables e inamovibles y con una parte de la sociedad que aplaude que la mitad de sus miembros sean maltratadas? Hablamos mucho de transformar la sociedad a través de la educación. ¿Pero qué hacemos mientras tanto con esas hordas de defensores de lo inaceptable? Se me ocurren fantasías de feminazi, hacer orgullosamente propio el adjetivo, desempolvar mi katana. Pero sé que tampoco esa es la solución. Desvelamos nuestra intimidad durante el #MeToo para denunciar el abuso, salimos a protestar contra la primera sentencia de La Manada, tomamos las calles el 8M, lo volvimos hacer el pasado 21 de junio. Todo esto ha dado mucha más visibilidad a un problema (el del abuso sexual, en todos sus grados) y ha reavivado un movimiento feminista que se había aletargado en los últimos años. Pero a pesar de todo, a pesar de nuestros esfuerzos por exponer, explicar, visibilizar este problema, muchos de nuestros conciudadanos nos siguen viendo como recipientes donde satisfacer sus deseos o vengar sus rabias y frustraciones. Y cuando nos rebelamos, la única reacción que se les ocurre es la agresión.

Y eso, amigas, yo no sé cómo cambiarlo.

Con motivo de la publicación de la cuarta edición de El eco de los disparos, escribí este prólogo. Aquí lo dejo, íntegro.

Prólogo a la cuarta edición

Acabé de escribir este libro en marzo de 2015, hace más de tres años. Desde entonces, el debate sobre nuestro pasado se ha centrado en torno a lo que se ha venido a llamar “la batalla por el relato”. Es decir, la lucha por establecer una versión aceptable y aceptada por todos de lo que nos ha ocurrido. Es un tema que discuto en este libro, pero que desde su publicación se ha convertido en cuestión prioritaria en lo que al “conflicto vasco” se refiere. Esta batalla por el relato se libra tanto en el terreno político —la izquierda abertzale, los partidos constitucionalistas que fueron el objetivo de ETA, el PNV desde su posición institucional, Podemos Euskadi y Navarra y Geroa Bai como nuevos actores políticos— como en el terreno de la representación y de la cultura. La inercia colectiva se decanta, como en cualquier sociedad post-conflicto, por buscar un relato único que narre de la forma más simple el pasado y que nos libere de responsabilidades históricas, que nos haga quedar bien en la foto de la posteridad. Yo defiendo que no puede haber un sólo relato que nos explique, ni una institucionalización de la memoria que diga qué memorias son válidas y cuáles no. Los historiadores tienen hoy, y tendrán en el futuro, un papel fundamental para combatir versiones torticeras del pasado, para evitar, desde el rigor metodológico de la disciplina histórica, que se establezcan interpretaciones legitimadoras de la violencia, para dejar hablar a los hechos innegables. Pero por otro lado —y de eso en buena medida trata este libro— tenemos la suerte de contar con mucha memoria viva, de varias generaciones que han sido testigos de la historia del “conflicto”. Mi invitación en este libro es a compartir memoria, a crear relatos plurales de la experiencia que contribuyan a generar un poso de conocimiento del pasado. También mi invitación es a consumir relatos —en la literatura, el cine, las artes— que desvelen la complejidad de nuestra historia y que actúen de contrapeso a versiones unívocas del pasado, que por unívocas son también mentirosas.

Cuando acabé de escribir este libro ETA todavía no había entregado las armas, no se había disuelto, no había reconocido el daño causado. La política de dispersión de los presos de ETA estaba todavía vigente. Las víctimas de los GAL y otros grupos de extrema derecha no eran consideradas víctimas del terrorismo, tampoco las prácticas de tortura habían sido reconocidas por el Estado español. Cuando acabé de escribir este libro vivíamos en una especie de limbo, que había comenzado en aquel 20 de octubre de 2011 cuando ETA anunció el fin de la violencia, un periodo en el que parecía que “el conflicto” había dejado de interesar, tanto dentro como fuera de Euskadi.

¿Cuánto hemos avanzado desde aquel marzo de 2015 hasta este mayo de 2018? ETA se ha disuelto definitivamente. Se ha despedido con dos cartas y un intento de escenificación internacional que no ha recibido la atención que la banda hubiese querido. La forma de llevar a cabo su disolución final —después de casi siete años de declarar el abandono de las armas— constituye un episodio principal de la “batalla por el relato”. Con su “Declaración del daño causado” ETA reconoce que ha provocado dolor, daños irreparables y por primera vez pide perdón. Señala también, en la nota aclaratoria que acompaña a la declaración, que cree necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento causado. Daño, perdón, empatía. Palabras hasta ahora ajenas al lenguaje de ETA. Al mismo tiempo, esta declaración se construye dentro de un marco argumentativo problemático, a través de un relato de victimización del pueblo vasco con el que intenta legitimar su violencia. Su responsabilidad directa en el dolor queda diluida en un sufrimiento histórico, que, según la organización, existía antes de comenzar su actividad y continúa en el presente. Según ellos, todo empieza con el bombardeo de Gernika, tras el cual las generaciones posteriores “heredamos aquella violencia y aquel lamento”. ETA señala que es consciente del dolor que ha generado, de lo irreparable de sus acciones e insiste en que quiere respetar a las víctimas de sus acciones “en la medida que han resultado damnificados por el conflicto” (no por ETA). Se refiere, específicamente, a aquellas víctimas que “no tenían participación directa” en éste, es decir, los que en otros tiempos se llamaban daños colaterales. Esto, por supuesto, deja fuera a todos los miembros de las fuerzas de seguridad del estado y autonómicas, también a los políticos constitucionalistas, jueces, civiles que levantaron la voz contra ellos o que se negaron a pagar su extorsión. ETA cierra el texto pidiendo una solución democrática al conflicto, “para apagar definitivamente las llamas de Gernika”. Gernika de nuevo como paradigma del sufrimiento del pueblo vasco y como justificación de la violencia. Si esta primera declaración es problemática, la segunda lo es aún más. En la llamada “Declaración de Arnaga”*, con la que se ratifica internacional y públicamente el final de ETA, ya no hay mención al sufrimiento ocasionado ni a las víctimas. Ningún reconocimiento de responsabilidad. “Existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro”, dicen. “ETA se formó del pueblo, al pueblo vuelve”, aseguran. La vieja retórica de la lucha por la libertad de Euskal Herria. Por desgracia, aquellos que han pertenecido a ETA y la siguen defendiendo, aquellos que no condenan su violencia y la intentan legitimar con estas palabras, no desaparecerán. Hemos visto pintadas y carteles en muchos pueblos vascos dando las gracias a ETA: “Eskerrik asko, ETA. Herria zurekin” (“Muchas gracias, ETA. El pueblo [está] contigo”. Tampoco desaparecerá el dolor que han causado, ni su fantasma y su amenaza. Ya se encargan de decírnoslo con sus últimas palabras: “no repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas”.

Queda mucho camino por recorrer para deslegitimar la violencia. Ningún proceso de paz es posible sin un proceso paralelo de memoria y reconocimiento del sufrimiento. Porque una vez que acaba la violencia no termina el daño. El trabajo por hacer tras el final de la violencia es tan importante como el camino que lleva a la paz. Pero no sólo queda pendiente la deslegitimación de la violencia de ETA. La política de dispersión de presos sigue intacta, cuando ya no tiene ningún sentido continuar con estas medidas de excepción. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular —azuzado por algunas asociaciones de víctimas y por Ciudadanos— ha demostrado un inmovilismo total a la hora de defender su versión de la historia: ellos son los vencedores, ETA los vencidos, con lo que no hay necesidad de concesiones. Además, no se han reconocido los crímenes de los GAL y sus víctimas siguen sin figurar como “víctimas del terrorismo”, con lo que tampoco se deslegitima la violencia del terrorismo de Estado. Asimismo, el único informe exhaustivo sobre la tortura en Euskadi, preparado por un equipo de investigación liderado por el reputado médico forense Francisco Etxeberria y por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología, fue invalidado por el PSOE-EE. El informe recogía los antecedentes y elaboraba un censo de denuncias por torturas y malos tratos entre 1960-2014, de los cuales una treintena contaba con pruebas judiciales y de peritaje del Tribunal Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; también se presentaban otros doscientos dos casos a los que se ha aplicado el Protocolo de Estambul como prueba pericial para establecer su credibilidad. El PSE-EE rechazó el estudio de Etxeberria porque, según ellos, “medio siglo de terror de ETA se resume a 840 asesinados y más de 3.400 torturados”, “alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido”, y olvida la labor de “una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho”. Esta reacción es otro síntoma de “la batalla por el relato” y del camino que queda para abandonar trincheras. A pesar de que investigar la tortura no significa dar carta blanca a ETA ni justificar su violencia, el rechazo del informe muestra el miedo de perpetuar la versión del “conflicto” según la cual ETA luchó una guerra de liberación.

El debate sobre el relato del pasado está igualmente activo en el campo cultural. En el plano de la representación del “conflicto” ha surgido un libro que definitivamente ha marcado un antes y un después en la literatura sobre el problema vasco, no porque fuera el primero en tratar el tema, como demuestro en este libro y como escribió, de forma más exhaustiva, Iban Zaldua en su excelente ensayo Ese idioma raro y poderoso. Tampoco lo marca, en mi opinión, por su contribución a ampliar el conocimiento sobre el tema, sino por la repercusión mediática y social que ha tenido. Me refiero, por supuesto, a Patria, de Fernando Aramburu. Con veinte ediciones y más de medio millón de ejemplares vendidos, Patria se ha convertido en la novela de referencia sobre la violencia en Euskadi. El eco de los disparos se publicó una semana después que esta novela, por lo cual no incluí un análisis de la misma en este libro. Sí lo hago de su colección de relatos Los peces de la amargura. Creo que en Patria Aramburu desarrolla, magnificadas y ampliadas, las mismas estrategias narrativas que en aquellos relatos con un resultado similar: una visión simplificada de la realidad en aras de la defensa de una tesis. Sus personajes actúan guiados por esa tesis, dentro de una narración melodramática que potencia una versión maniquea y sin matices de la historia. Su éxito radica, precisamente, en que es una novela que tranquiliza conciencias: por un lado confirma todos los prejuicios que los lectores puedan tener no ya sobre ETA y los terroristas, sino también sobre su entorno, el nacionalismo, las terribles madres del supuesto matriarcado vasco, nuestros pueblos hostiles, los escritores euskaldunes, y un largo etcétera, y por otro lado resuelve el conflicto (personal y colectivo) a través de un abrazo conciliador que pone el punto final a la historia. En las primeras páginas del libro explico mi selección de textos y películas que han tratado el tema vasco y por qué no pretendo hacer un análisis exhaustivo de toda la producción cultural relacionada con dicho tema. Es una selección en parte subjetiva, en parte basada en unos criterios muy específicos que Patria no cumple, por lo que no considero oportuno hacer aquí un análisis más detallado de la novela de Aramburu, a pesar de su éxito de crítica y comercial.

La necesidad de escribir este prólogo no viene, sin embargo, de estas cuestiones que aquí resumo. Aunque son importantes, ninguna de ellas cambia, sustancialmente, los asuntos que discuto en el libro, ya que éstos se refieren a realidades del pasado cuya interpretación no varía según lo hacen los acontecimientos presentes. El que haya decidido escribir este prólogo viene a raíz de una crítica, justa y constructiva, que me hizo en privado hace unos pocos meses Pello Salaburu, catedrático de Filología Vasca y rector de la UPV/EHU entre 1996 y 2000. En su opinión, el libro debería haber reconocido la labor de diferentes personas y colectivos que, a diferencia de la mayoría que se mantuvo en silencio, supieron enfrentarse a ETA y su entorno, asumiendo graves riesgos que ni siquiera fueron percibidos como tales por la sociedad. Gesto por la Paz comenzó a organizar manifestaciones silenciosas desde 1987 en muchos lugares del País Vasco, no sólo siempre que ETA asesinaba, también cuando se producían muertes como consecuencia de actos violentos, sin distinción de quién los perpetraba ni cuál era su ideología. Asimismo, durante los largos secuestros de ETA, Gesto organizaba concentraciones silenciosas cada lunes, acompañadas por las campañas del lazo azul como forma de visibilizar el rechazo a estos secuestros. La izquierda abertzale pronto reaccionó a estos “gestos” y comenzó a convocar contramanifestaciones en las que los radicales gritaban sus consignas mientras que los pacifistas guardaban silencio. Entre ellos sólo mediaba un pasillo de seguridad de la policía. Es fácil imaginar la tensión de esos momentos, mayor cuanto más pequeño era el pueblo y más reconocibles los integrantes de los dos grupos, insoportable aquellos días en los que coincidían dos muertes que desde el punto de vista de Gesto debían tener idéntico tratamiento, como podía ser una persona asesinada por ETA frente a un etarra muerto en un enfrentamiento con la policía o por una bomba que le explotaba en las manos. Para la izquierda abertzale esas dos muertes eran “consecuencias del conflicto”, pero con la diferencia que sólo una de ellas merecía respeto, protestas, duelo.

Me he referido a Gesto por la Paz porque, en mi opinión, hizo la contribución más profunda, duradera, desinteresada y honesta a la paz en Euskadi y a la deslegitimación de toda violencia. Pero debería añadir, con contribuciones diferentes, organizaciones como Elkarri, Denon Artean, Bakea Orain o la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco. O el Foro de Ermua, fundado por el periodista José Luis López de Lacalle que acabaría siendo asesinado por ETA y al que pertenecían varios profesores de la universidad vasca contra los que atentó la kale borroka y cuyos nombres aparecieron en listas de objetivos. El propio rector Salaburu organizó en 1996 la primera protesta institucional clara de la universidad contra ETA, con motivo del asesinato de Francisco Tomás y Valiente. Esta protesta terminó con graves disturbios en el campus de Leioa de la universidad. Hubo profesores amenazados que tuvieron que vivir escoltados durante años, como lo hicieron algunos escritores, periodistas, empresarios, jueces, etc., que se atrevieron a manifestarse públicamente contra la violencia.

En su crítica, y partiendo de sus propias vivencias, Salaburu me señalaba la escasa atención que presto en el libro a personas como estas, que se enfrentaron a ETA y su entorno. Creo que su crítica refleja una incomodidad con este libro que, si bien sólo él me ha hecho por escrito y detalladamente, es compartida por otros que han vivido experiencias similares. En la siguientes páginas ellos no figuran, o lo hacen de forma tangencial cuando me refiero a las víctimas o a la posibilidad de convertirse en una de ellas si se alzaba la voz contra la violencia. La falta de atención a estos colectivos y las personas que los conformaron no se debe a una falta de reconocimiento a su labor, sino porque en este libro exploro, precisamente, todas las actitudes de la sociedad vasca que no tienen que ver con la resistencia, sino con el silencio, el miedo, la indiferencia, la complicidad, la paralización, el rechazo a la víctima. Esas fueron las actitudes predominantes en nuestra sociedad, nuestra forma de estar en un mundo impregnado de violencia o su amenaza. Es ahí donde me sitúo a la hora de escribir este libro porque yo fui una más de la mayoría silenciosa. Escribo desde la posición del testigo que no dio el paso de alzar la voz, de sumarse a los pocos que pública y abiertamente se posicionaron en contra de la violencia. Todos aquellos que no se ven reflejados en esta representación de la realidad porque sí fueron capaces de romper con la inercia que nos hizo cómplices merecen la atención y el reconocimiento debidos, pero desde el lugar del que escribí esta obra yo no era la persona indicada para hacerlo. Creo que nunca lo seré.

No debemos juzgar actitudes del pasado a la ligera y desde la superioridad moral que nos permite el presente, pero sí podemos, en el aquí y ahora, hacer un esfuerzo honesto para entendernos, reconocer nuestras responsabilidades y reparar, en la medida posible, los daños causados, sean de la magnitud que sean. Este libro fue y sigue siendo, con todos sus fallos y debilidades, el reflejo de ese esfuerzo y una defensa entusiasta de la cultura capaz de ayudarnos a llevar a cabo este proceso.

*Corrección: me refiero en realidad a la carta que leyó el miembro de ETA Josu Ternera que puedes leer aquí y que se difundió el día anterior a la Declaración de Arnaga.

Este artículo se publicó en El Correo el 7 de junio de 2018

Con motivo de la manifestación feminista del 8 de marzo, Pedro Sánchez afirmó que las reivindicaciones de las españolas deberían ser tenidas en cuenta “por la política, la economía, la empresa, por el conjunto de la sociedad y también por el poder judicial”. Y añadió: “A partir de hoy nada va a ser igual en la lucha por la igualdad. Estamos en un momento histórico”. Yo, que no me suelo creer las declaraciones de los políticos y mucho menos cuando surgen de un evento del calibre del 8M, no presté atención al comentario pensando que era uno más de un líder que me parecía volátil, acartonado y sin un programa político claro. Tampoco me fijé en que, junto a él, estaba Carmen Calvo, una mujer de su partido de sólida tradición feminista, o la ex-ministra de medio ambiente Cristina Narbona, o la recién nombrada portavoz del grupo socialista Adriana Lastra. Seguramente algunas de las otras ministras que ocupan su gabinete también salieron ese día a la calle, también se emocionaron —como yo, como tantas otras mujeres— al comprobar que ya no estamos dispuestas a comulgar con la rueda de molino del patriarcado.

Pocas veces he visto a un político cumplir no ya una promesa —igual me equivoco, pero creo que Sánchez no hizo ninguna tras el 8M— sino un deseo que es reflejo del deseo de millones de personas. Hablo de las mujeres que queremos un cambio radical en las estructuras de poder que nos representan y que se rigen según una ideología patriarcal radicalmente injusta: nuestras relaciones laborales, nuestra justicia, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra economía (podría seguir nombrando áreas) necesitan renovarse desde una perspectiva de género, que haga visibles y ataje los fallos estructurales que mantienen a la mujer en situación de desigualdad. Pero no sólo estamos contentas las mujeres que queremos este cambio o los hombres con conciencia feminista, también lo estamos —o deberíamos estarlo— todas las personas que valoramos la preparación y la experiencia frente al enchufismo, el clasismo o el privilegio heredado. No sé si habrá algo de esto en algún nombramiento, pero es indiscutible que todas las ministras tienen una experiencia y un curriculum intachables. Esto me parece un mensaje importantísimo para las jóvenes: una España diferente a la que dictó la sentencia de La Manada es posible; una España diferente a la que quería recortar el presupuesto contra la violencia de género es posible; una España en la que la mujer que se forma puede llegar a ministra no es sólo posible, es un hecho.

Hay multitud de mujeres altamente cualificadas que acaban dándose cabezazos contra el techo de cristal. Lo que ha hecho Sánchez es extraordinario pero no debería serlo. Si miramos entre lo mejorcito de cada profesión siempre encontramos alguna mujer ultra-cualificada. Algunos acusan a Sánchez de hacer marketing, pero a mí realmente me da igual. Su acierto es doble: por el buen tino profesional en cada nombramiento y por su mensaje a la sociedad, tanto a las que nos confesamos esperanzadas ante el cambio como a los que siguen pensando que la mujer mejor en la cocina o, como mucho, a la sombra de un buen varón (o barón).

Ahora queda que los medios de comunicación estén a la altura y no se dediquen a valorar el estilo, el físico o la actividad familiar de estas mujeres. Los que todavía no se han dado cuenta de que es inadmisible y sexista, por favor, que cambien de una vez de siglo.

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Vuelta a los orígenes

El 24 de mayo participé en la jornada “Los relatos de la pacificación en el País Vasco” organizada por Jaime Ferri y Manuel Barroso para anunciar el “Máster de resolución de conflictos políticos y construcción de paz” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Se discutió sobre memoria, la experiencia de las víctimas y la importancia del diálogo y la negociación. Aquí referiré sólo a parte de nuestras conversaciones.

Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco comenzó las jornadas hablando de la memoria como herramienta para generar una reflexión compartida sobre cómo hemos vivido, dónde hemos estado, asumiendo cada uno sus propias responsabilidades. Ezenarro hizo un llamado a la sinceridad y la autocrítica, reconociendo que el pasado no se puede cambiar, pero que desde el presente sí podemos afirmar que lo que pasó fue injusto. Insistió en la necesidad de la transmisión de memorias y en una verdad innegable: el silencio no cura las heridas. Las víctimas nos piden, dijo Ezenarro, que no las silenciemos, que no permitamos que se olvide lo que pasó. Y pocas horas después, las víctimas le dieron la razón. Pilar Zabala (hermana de Joxean Zabala, asesinado por los GAL), Iñaki García Arrizabalaga (hijo de víctima de los Comandos Autónomos Anticapitalistas) y Juan José Mateos (guardia civil y víctima de ETA), resaltaron la necesidad de contar y de ser escuchados, de encontrar espacios seguros donde compartir la experiencia, de transformar su dolor en algo positivo, como contribuir a la paz y la convivencia.

Pili Zabala habló desde una herida muy profunda: la desaparición y asesinato de su hermano a manos de los GAL. “Once años, cinco meses y cinco días”, repite Zabala en varias ocasiones durante el día, sin saber qué fue de Joxean. Hasta que encontraron los restos y empezó el otro calvario, el de entender, ahora sí, la dimensión del horror por el que pasó. Por eso uno de los retos fundamentales de los que nos habló Zabala fue el de encontrar la verdad de lo ocurrido, no sólo (que también) la verdad jurídica, sino esa otra verdad que exige la víctima: el por qué, y también el a manos de quién, el cómo y las consecuencias que esa acción violenta e injusta deja en el verdugo. Ella misma buscó esa otra verdad a partir de un encuentro restaurativo. Animada por Julian Ríos, experto en mediación y justicia restaurativa y transicional, Zabala aceptó encontrarse con José Amedo. Su explicación, conmovedora: “Tengo una enfermedad crónica que es el dolor”, nos dijo. Aceptó encontrarse con Amedo para intentar sanar ese dolor. Pronto se dio cuenta de que el objetivo del encuentro restaurativo no era conseguir información inmediata, sino escuchar el proceso de la otra persona y que él escuchara su sufrimiento, mirándola a los ojos. A partir de ahí, intentar sanar lo dañado (este encuentro salió publicado en forma esta entrevista en El Mundo que, a pesar de su titular, merece la pena). Interpelada por unas palabras de Laura Mintegi sobre el sufrimiento en Euskadi, Zabala aseguró que a pesar de todo el dolor que ha sentido y sigue sintiendo, nunca se le pasó por la cabeza responder a la violencia con más violencia. En este sentido, García Arrizabalaga reflexionaba sobre la reacción de la mayoría de las víctimas ante la violencia de ETA: ni odio ni rencor. Sólo hubo una víctima que reaccionó violentamente contra sus agresores. Otra cosa es que haya algún colectivo de víctimas —en esto estaban de acuerdo los tres participantes de la mesa— que use su condición de víctima para intentar intervenir en las políticas de Estado, como se está haciendo con el alejamiento de los presos de ETA (tema que también salió a relucir como imprescindible para el avance de la convivencia). García Arrizabalaga señaló el efecto nocivo de las asociaciones que, con ese tipo de injerencia política, quitan legitimidad a las víctimas para el tipo de reivindicación que sí necesitan: verdad, justicia, reparación.

García Arrizabalaga expuso que, según parte de la sociedad vasca, la presencia de las víctimas es anestesiante y que algunos plantean si no es necesario ejercitar un “silencio terapéutico”. “El tiempo corre en contra de la memoria”, dijo con preocupación. Y es cierto. Lo más fácil para aquellos que defendieron la violencia de ETA sería pasar página o pedir “silencio terapéutico” porque las víctimas incomodan. También lo más fácil para la mayoría de la sociedad sería no tener que enfrentarse a la autocrítica que señalaba Ezenarro, mirar el “conflicto” desde la barrera, pensando que no hemos tenido nada que ver. El tiempo de la memoria es ahora. El tiempo de la autocrítica y el reconocimiento, también. Mintegi decía que todos tenemos algo por lo que disculparnos, que todos fuimos responsables. Discrepo. La izquierda abertzale tiene el mayor trabajo por hacer en el camino de autocrítica para deslegitimar la violencia. No creo que víctimas como Zabala, Mateos o García Arrizabalaga se tengan que disculpar de nada. El resto, la sociedad civil, sí debemos hacerlo, por nuestro silencio y nuestra indiferencia, aunque también dentro de esta sociedad hubo resistentes, como remarcó el periodista Luis Aizpeolea cuando puso como ejemplo que la primera manifestación que se dio en Euskadi contra ETA ocurrió en junio de 1978, cuando el Partido Comunista de Euskadi convocó dos manifestaciones simultáneas en Portugalete y Eibar en protesta por el asesinato del periodista Jose María Portell. Y después vinieron otros: Gesto por la Paz, Elkarri, Denon Artean… Ellos seguro que tienen menos de lo que disculparse que, por ejemplo, yo.

Aizpeolea abrió la última conversación del día, la cual giró en torno al diálogo y la negociación. En su intervención recogió algunos de los comentarios que habían surgido durante el día sobre la necesidad de autocrítica y añadió uno que considero muy importante: la necesidad de que la Audiencia Nacional haga también autocrítica en relación a todas las denuncias de tortura que no tramitaron o a las que hicieron caso omiso. También, como muchos de nosotros, señaló la importancia de acabar con la dispersión y, de nuevo, añadió un matiz: la política indigna de obligar a los presos de ETA a la delación a cambio de beneficios. Jesús Eguiguren explicó, con la humildad y afabilidad que le caracterizan, las conversaciones que tuvo con Arnaldo Otegi durante cuatro años —Otegi fue invitado por el profesor Ferri, por cierto, pero declinó—. Antes de narrar el proceso, hizo una reflexión sobre las víctimas que me gustaría recoger aquí. Habló de las víctimas no contempladas por la legislación, las olvidadas: hijos e hijas de concejales, padres que se han suicidado porque han matado a sus hijos, esos chavales a los que en el patio del colegio les decían “vamos a matar a tu padre porque es de los GAL”, muchísimas personas que han sufrido los efectos de ETA pero que no son reconocidos “porque no hay forma de poner un límite”. Este comentario me hizo pensar en las secuelas de la violencia en las generaciones siguientes y en la magnífica obra de teatro “Viaje al fin de la noche“, donde la dramaturga María San Miguel explora la herencia de la violencia tanto de ETA como de los GAL en la figura de dos hijos.

Durante la jornada hubo diferencias, alguna tensión, pero me quedo con las últimas palabras de Iñaki García Arrizabalaga: “¿Dónde podemos encontrarnos? En torno al valor superior de la dignidad humana”.

Este artículo se publicó en papel el 5 de mayo de 2018 en El Correo. Lo reproduzo aquí en su totalidad.

Estos días de “final definitivo de ETA” me pillan entre aeropuertos y aviones. De hecho, este artículo lo empecé a escribir en el aire, sobrevolando el continente americano, entre México DF y Buenos Aires y lo estoy terminando en un hotel de esta ciudad. Aquí todavía es de mañana, mientras que en Euskadi ya avanza la tarde y ya se han celebrado los últimos fastos del funeral de ETA. Se ha leído la “Declaración de Arnaga” y se ha ratificado internacionalmente su final. Tal vez la geografía y las alturas tienen algo que ver con el distanciamiento que siento, con esta sensación extraña, entre la tristeza y el aburrimiento, que me provocan las declaraciones y los fastos de los dos últimos días. Quizás por esta distancia y, sobre todo, cuando he estado en México por la diferencia de realidades, siento esta distancia emocional. En Xalapa, en Veracruz, uno de los estados más violentos de México, una mujer me señala el título de mi novela (Mejor la ausencia) y me dice que le impactó mucho, porque para ella la palabra “ausencia” remite directamente a los desaparecidos, personas secuestradas por los narcos y que, como los tres estudiantes que hace sólo unos días aparecieron disueltos en ácido, jamás volverán a ver. Yo le explico que no, que nosotros no hemos tenido ese nivel de violencia (pero también me acuerdo de Lasa y Zabala enterrados en cal viva), casi con vergüenza, no queriendo equiparar nuestros ochocientos y pico muertos, nuestra guerra sucia, a las miles de víctimas de la narcoviolencia (sólo en 2017 suman más de diez mil). Es una sensación que también he tenido en Colombia, cuando me han preguntado por los posibles parecidos entre su historia de violencia y la nuestra. Siempre respondo lo mismo, que no son comparables en magnitud ni en proceso histórico. Lo que sí tenemos en común sociedades que han sido atravesadas por la violencia es que, aunque no comparables en cifras de víctimas o en procesos históricos, cada sociedad que ha convivido con una violencia persistente queda marcada por ella; que cada una de sus víctimas y su dolor individual, cada persona que es arrancada brutalmente de nuestra sociedad debe ser reconocida; que ningún proceso de paz es posible sin un proceso paralelo de memoria y reconocimiento del sufrimiento; que una vez que acaba la violencia no termina el daño; que el trabajo por hacer tras el final de la violencia es tan importante como el camino que lleva a la paz. 

Lo que ha querido hacer ETA en la escenificación de su final y con su llamada a la participación internacional es precisamente que se considere “el conflicto vasco” como algo equiparable al colombiano u otros conflictos civiles, donde la resolución ha consistido en una serie de pactos y equilibrios difíciles pero necesarios.  Y por eso, en vez de ocuparse de responder al sufrimiento que ha ocasionado, en vez de ampliar lo que comenzaron la semana pasada con su “Declaración del daño causado” que, aunque de forma limitada y desde una argumentación problemática, daba un paso adelante, en vez de seguir preparando el camino hacia el trabajo por venir, ha perdido el tiempo embalsamando su cadáver. O, como en la genial película “Muerte de un burócrata” de Tomás Gutiérrez Alea, buscando estrategias para frenar el proceso de descomposición y poder sacar el mayor rédito posible al cuerpo del difunto. Así que desde esta sensación extrañada me sitúo frente al cadáver de ETA y sólo veo los últimos espasmos, su gesto siniestro y su putrefacción. Leo sus últimas palabras en forma de elegía -“existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro”- y pienso que muchos ya no están vivos por su culpa y que otros lo están a su pesar. Sí, este pueblo está vivo y quiere ser libre, pero de ellos, de su violencia, y de su legado. Porque la inmensa mayoría de ese pueblo no les pertenece y no les da la bienvenida, a pesar de su solemne declaración final defendiendo que “ETA se formó del pueblo, al pueblo vuelve”. Y no puedo evitar una imagen repulsiva de su descomposición, los gusanos dándose un festín con su carne podrida, disolviéndose de esa manera, como ser degradado, en nuestra tierra. Porque por desgracia, es cierto, aquellos que han pertenecido a ETA y la siguen defendiendo, aquellos que no condenan su violencia y la intentan legitimar con estas palabras, no desaparecerán. Tampoco desaparecerá el dolor que han causado, ni su fantasma y su amenaza. Ya se han encargado de decírnoslo: “no repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas”.

Después de estos días ETA no volverá a llenar titulares (espero), pero se seguirá escribiendo su hagiografía, algunos seguirán yendo a su tumba a ponerle flores (ya han aparecido pintadas dándoles las gracias), aquellos que celebraban la muerte se presentarán (ya lo hacen) como defensores de la libertad. Pienso en la cantidad de veces que vamos a tener que repetir, hasta el hartazgo, los indiscutibles hechos que muestran que la violencia de ETA nada tuvo que ver con la consecución de la libertad del pueblo vasco. Y me asalta el cansancio, la tristeza y el aburrimiento. Pero luego pienso en las personas que durante los años más duros se manifestaron frente a ellos –el lazo azul de Gesto por la Paz me viene inmediatamente a la cabeza- y me avergüenzo. Conclusión: haré caso a ETA y no dejaré que los problemas se pudran.