Este artículo fue publicado el 24 de febrero en El Correo, en papel. Lo reproduzco íntegro aquí, añadiendo, con permiso de Eduardo Nave, sus fotografías.

Como parte del ciclo «Luces en la memoria: Arte y conversaciones frente a la barbarie de ETA», el Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia aloja estos días, comisariada por Fernando Golvano, una exposición de Eduardo Nave titulada «A la hora, en el lugar. 2008-2013». Se trata de un conjunto de fotografías tomadas a la misma hora y en el mismo lugar en el que ETA había asesinado. La mayoría de las fotografías están sobriamente montadas sobre un soporte muy sencillo, con una luz cenital que las alumbra y que deja leer los textos periodísticos que las acompañan (titulares, transcripciones de noticias en la radio) y los datos concretos del asesinato: nombre de las víctimas, del lugar, fecha y hora. La sobriedad de la exposición acompaña sabiamente a la tragedia que se recuerda.

Tuve la oportunidad de ver la muestra el mismo día que participaba en un coloquio titulado «Relatos y reconocimientos en torno a las víctimas del terrorismo». Para este coloquio había preparado un breve texto sobre la necesidad de realizar un duelo colectivo. Proponía que frente a los discursos de «superar» el pasado, nos atrevamos a reimaginar nuestra sociedad en base a la vulnerabilidad y la pérdida, en base a todo eso que hemos perdido como consecuencia de la violencia, empezando por reconocer nuestras pérdidas humanas. Este mes de febrero se han cumplido varios aniversarios importantes: Joseba Pagazaurtundua, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, nombres que no se olvidan por la conmoción social que provocaron sus asesinatos. Pero hay otras víctimas que han pasado mucho más desapercibidas. En este trabajo que nos queda por hacer, lo que más nos cuesta es reconocer a las víctimas uniformadas, aquellas que nunca quisimos ver ni aceptar como parte de nuestra sociedad, en algunos casos ni siquiera como parte de nuestra humanidad. La mayoría son víctimas anónimas a las que no hemos puesto ni nombre ni rostro. Además de esas pérdidas irremediables, también perdimos a todos aquellos que tuvieron que dejar Euskadi por las amenazas que veían cumplidas en otros. Perdimos el espacio de lo público porque los más violentos se adueñaron de la calle (algunos recordarán aquellas concentraciones de Gesto por la paz en la que unos pocos se enfrentaban a insultos y amenazas de los «contramanifestantes»). También muchos perdimos la libertad y la capacidad de disentir (en el feminismo, en el ecologismo, en la insumisión): todas esas formas de rebeldía cooptadas por el aparato político de ETA, y en el caso de la juventud, por Jarrai. Sucumbimos a la inercia del que grita más alto y más fuerte. Y, aunque nos cueste aceptarlo, también perdimos la capacidad de empatía con aquellos que sufrieron otro tipo de violencia, como el terrorismo de Estado o el abuso policial. Esa pérdida también hay que incorporarla, aunque en el contexto de esta reflexión no dedique el espacio que merece.

Como consecuencia nos queda una incapacidad para reconocer que de esas vidas destruidas no son sólo responsables aquellos que apretaron el gatillo, aceptar que esas pérdidas son nuestras, colectivas. El trabajo de duelo significa asumir la pérdida y que la vida ya no es la misma; significa reimaginar nuestra narrativa vital en base a la incorporación de la pena y de la ausencia. A través del duelo se puede establecer un «nosotros»: cuando consideramos como parte de nuestra comunidad, de nuestra vida, a aquellos que han sido arrancados de ella por la violencia. Porque la pena nos vincula al otro, y nos vincula todavía más a aquello que hemos perdido, que está ausente porque ha desaparecido pero al mismo tiempo presente.

Ausencia y presencia, pérdida y duelo. Esto es, precisamente lo que subyace en la exposición «A la hora, en el lugar». Las fotografías hacen visible la violencia a través de la reproducción del espacio donde se ejecutó. Es la evidencia de aquello que ha desaparecido —la vida humana arrebatada— y la constatación de que los lugares tienen memoria si les otorgamos la narrativa que los explican, que los dota de significado. Calles vacías, bancos desiertos, portales, entradas de garajes, encrucijadas, paisajes —como el bosque en el que encontraron a Miguel Ángel Blanco— en los que la maleza y la naturaleza, en los que la vida, al fin y al cabo, ha seguido su ritmo. Pero la fotografía, contextualizada por el ejercicio de memoria, nos devuelve otra realidad: la ausencia de los que murieron en esos enclaves es tan real como lo fue su muerte. Es una invitación a sentir la pérdida y a aceptar que estamos rodeados por los fantasmas de la violencia.

En el medio de la sala, un expositor en blanco salvo por esta leyenda: «10 de noviembre. El único día en el que ETA no ha cometido, en ningún año, ningún atentado con víctimas mortales». Un solo día del calendario entre 1968 y 2011 en el que no hay una víctima que lamentar. Lo miro perpleja, lo fotografío. ¿Puede ser esto cierto?

Fotografía tomada en la exposición, reproducida aquí con permiso del autor. Puedes consultar la página que Eduardo Nave dedica a esta obra aquí.

El 18 de enero publiqué en La Marea esta reseña de la última novela de Ricardo Menéndez Salmón, Homo Lubitz.

La literatura de Ricardo Menéndez Salmón se caracteriza tanto por un cuidado exquisito del lenguaje y sus posibilidades metafóricas como por su profundidad filosófica. Es una literatura que amplía la capacidad de imaginar… seguir leyendo

Este artículo se publicó el 15 de febrero en papel en El Correo y El Diario vasco. Lo transcribo aquí en su totalidad.

El 7 de febrero participé en un encuentro en Barcelona titulado «Dialogar: la paraula/la palabra compartida». La iniciativa partió del escritor Gabi Martínez y consistía en crear un espacio público donde conversar de manera reposada sobre la situación de Catalunya. Me acompañaban en la mesa los escritores y periodistas Jordi Puntí e Ignacio Vidal-Folch. El encuentro se celebró en la Biblioteca Jaume Fuster y lo moderó, con gran tino, Òscar Carreño. Los asistentes eran en su mayoría personas de más de cincuenta años, como suele ser el caso en casi todos los coloquios de sesgo político en los que he participado.

Cada uno expusimos un punto de vista diferente sobre conceptos ya muy desgastados por la retórica política, tanto en torno al tema vasco como en el presente catalán: equidistancia, diálogo, conflicto. No creo que dijéramos nada extraordinario ni que ofreciéramos ningún tipo de solución ante lo que los tres consideramos un deterioro de la capacidad de dialogar en el espacio público, pero creo que expusimos ideas interesantes desde ópticas muy diferentes, algunas claramente enfrentadas. Como siempre que participio en un coloquio con personas que son capaces de limar asperezas a través de un trato respetuoso, salí del encuentro con una doble sensación que, si no es contradictoria, sí me hace reflexionar sobre los límites de la comunicación. Por un lado noté que los tres, en algún momento de la discusión, conteníamos nuestro arrebato argumentativo en aras de una cordialidad que no queríamos romper (si mis compañeros de mesa leen esto y piensan lo contrario, espero que me corrijan), lo que contribuyó por una parte a la fluidez y el ambiente reposado del encuentro, pero también minó la posibilidad de profundizar en nuestros desencuentros. Y es precisamente de los desencuentros —cuando no terminan en ruptura o se convierten en monólogos paralelos— de donde se puede aprender. ¿Dónde está el límite del desencuentro y dónde empieza esa ruptura?

Después de una hora conversando, llegó el momento de ceder la palabra al público. No había preguntas, sólo comentarios que dejaron al descubierto lo difícil que es comunicar con eficacia y que te escuchen. Y, paradójicamente, los comentarios se centraron en la incomunicación, uniendo en una misma argumentación la cuestión lingüística y la falta de diálogo. Tengo que aclarar que el encuentro se realizó en castellano y catalán. Antes de subir al escenario hablamos de cómo nos sentíamos todos más cómodos. A mí me pareció bien que quien quisiera hablar en catalán lo hiciera, ya que puedo entender la gran mayoría de lo que se dice. Hubo dos mujeres que hicieron comentarios en castellano y expusieron que hay una brecha para ellas insalvable entre las dos partes del «conflicto», una de ellas defendiendo el castellano como la lengua de comunicación común. A esto respondieron otras dos mujeres en catalán. Una se quejó de la negativa de muchos castellanoparlantes a aprender el idioma, después de estar viviendo décadas en la región, y argumentaba que por qué ella iba a dejar de hablar su idioma por culpa de ellos. Otra señalaba cómo la cuestión lingüística se está usando como arma arrojadiza entre unos y otros y cómo esto constituye una perversión de la convivencia. No se lo pude decir en el momento, pero me pareció un comentario muy acertado. Siempre he admirado la capacidad de los catalanes de navegar entre las dos lenguas sin detrimento de la comunicación. Esta fluidez entre las dos lenguas y culturas (y por tanto entre dos formas de mirar, procesar y comunicar la realidad) ha sido imposible en Euskadi por la dificultad que entraña el euskera. Aunque esta fluidez se siga dado en el uso cotidiano, el recrudecimiento de la cuestión lingüística como herramienta de la batalla política —por parte de unos y otros— muestra cómo la incomunicación, la absoluta separación entre las dos concepciones de la realidad, es parte del proyecto político de los más radicales en los polos opuestos: aniquilar la capacidad de dialogar usando como estrategia el atrincheramiento en una sola lengua. Porque, ¿qué es atrincherarse en una lengua sino una forma de agresión? Yo no hablo tu idioma porque a ti no te da la gana aprender el mío y, desde el rencor que siento hacia tu actitud, me niego a comunicarme contigo en tu lengua, aunque la sepa. Y su reverso: yo no aprendo tu idioma porque deberías comunicarte en el mío, que es el de la mayoría y el que entiende todo el mundo y desde mi desprecio a tu posición minoritaria, impongo mi voluntad, que es política y afectiva. Así es fácil olvidar que el valor fundamental del lenguaje es la comunicación, no la defensa de una identidad, ni catalana ni española, y que cuando las lenguas se usan como forma de exclusión, agresión u ofensa a otra identidad, rompemos la sustancia misma que las conforma y toda posibilidad de comunicación.

Después de la intervención de la mujer que denunciaba el uso perverso de la lengua como arma política, un hombre, visiblemente enfadado, preguntó en castellano: «¿y esto es motivo para pedir la independencia?» Esa fue la única y última pregunta. Se agotó nuestro tiempo.

Este artículo ha sido publicado en El Correo el 22 de enero de 2017. No añade nada nuevo a la polémica —de la que ya se ha escrito mucho— sobre #Metoo y las francesas más que una anécdota personal e ilustrativa. Pero esta anécdota muestra —o así lo creo yo— que denunciar el acoso no es sinónimo de victimismo. Y que se puede ser víctima de un acoso y al mismo tiempo enfrentarse a él con todas las armas que una tiene a mano. Incluso los puños. Muestra que defender tu propio cuerpo de lo que consideras una agresión es un derecho fundamental y nada tiene que ver con el puritanismo.

Cuanto tenía 17 años me peleé con un armario de más de dos metros en un bar. En aquella época no había botellón y la marcha consistía en ir de bar en bar, bebiendo y bailando, fumando un poco de todo, observando de lejos a tus fichajes favoritos. Siempre había algún baboso que… seguir leyendo

Dejemos el escándalo para los moralistas trasnochados. Ha llegado el tiempo de la exigencia y de la acción.

Hace poco El Correo me invitó a hacer una reflexión sobre las reacciones de estos últimos meses a la avalancha de denuncias por acoso sexual, los alegatos de los abogados defensores de ‘La Manada’ y la denuncia de una adolescente de 15 años de haber sido violada por tres jugadores de fútbol. Me preguntaban si, ante el fuerte rechazo que hemos visto —sobre todo en las redes sociales—, podría ser esto el inicio de un gran cambio. Respondí con cierto escepticismo. Elaboro ahora esa respuesta algo apresurada y la actualizo al hilo de lo ocurrido en Los Globos de Oro con la protesta de las actrices y algunos actores, que vistieron de negro contra el acoso.

Mis dudas sobre la posibilidad de una transformación real radican en la posibilidad de que todo este furor se desinfle ante la magnitud del cambio necesario y que el movimiento de repulsa no se transforme en acción política. La reacción en las redes sociales ha sido la creación de movimientos de solidaridad y denuncia, como el #YoTeCreo, #MeToo, #NiUnaMás, etc. Estos espacios virtuales se han convertido en una comunidad afectiva donde encontrar testimonios que corroboran la ubicuidad del abuso, un archivo creciente de denuncias y una red de solidaridad que puede facilitar movilizaciones y acciones futuras. A estos esfuerzos para visibilizar la violencia machista y el abuso sexual se han sumado mujeres y hombres, demostrando que, desde un feminismo plural y distintos grados de militancia, una parte de la sociedad ha dado un gran paso: reconocer que este problema no pertenece el ámbito de lo privado (no son, como diría alguno, acciones de sádicos aislados), sino que es un problema que se genera y se reproduce dentro de un sistema patriarcal que, por serlo, es fallido. Falla nuestra educación. Fallan nuestras instituciones públicas. Falla la misma ley que rige tanto nuestras vidas privadas como las políticas ciudadanas.

En contraste con estas iniciativas que exponen sin tapujos la necesidad de un cambio radical en la educación y las instituciones para conseguir una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, en los últimos meses algunos medios de comunicación han expuesto la parte más escabrosa de estos sucesos, explotando comercialmente el escándalo. Según el periódico ABC, la audiencia de los programas televisivos matinales en los que se ha seguido con detalle y buena dosis de tertulianos el juicio a «La Manada» ha aumentado significativamente. El escándalo provoca ruido, aspaviento, indignación. Invita a contemplar, desde la comodidad del sofá, el horror o la injusticia como si todo eso no fuera responsabilidad propia, como si las acciones de «La Manada», las denuncias de las actrices de Hollywood contra Harvey Weinstein, o el relato de abuso de Leticia Dolera, fueran sucesos ajenos a lo que pasa cada día en nuestros barrios, nuestros trabajos, nuestras escuelas, detrás de los muros de nuestros hogares. El escándalo es la coartada de los hipócritas. Porque, ¿cuántas veces, entre risas, se dice que una mujer ha llegado a un puesto de poder porque se ha arrodillado muchas veces, y no precisamente para rezar?, ¿cuántas eso de que «si no quieren que las violen, que no se vistan como putas»?, ¿cuántas el chiste zafio de «cuando dicen no, realmente están diciendo que sí»? Nos echamos las manos a la cabeza ante hechos que repetidos ad nauseam se han convertido en parte de nuestro «acervo popular». Escandalizarse ya no cuela. Lo que mantiene a una mayoría pegada a las televisiones mientras destripan la vida de una víctima es puro morbo. Tal vez algunos se indignarán sinceramente, pero la indignación —lo hemos comprobado ya demasiadas veces— tiene poca mecha. Es el estallido necesario, pero los que se mantienen en la lucha son los que transforman su indignación en acción.

Así que, si queremos intervenir en la transformación de la vida política e institucional, si queremos imaginar un futuro de igualdad real, no nos podemos dejar engatusar por el espejismo del escándalo. Los medios de comunicación deben asumir que ellos también son parte del problema, que siguen «educando» a la ciudadanía en la aceptación del patriarcado como único sistema ideológico, político y social posible y que presentan esos sucesos como eventos extraordinarios cuando, por desgracia, no lo son. Y con todo esto perpetúan el abuso y la violencia contra la mujer. Dejemos el escándalo para los moralistas trasnochados. Ha llegado el tiempo de la exigencia y de la acción: revisión total de nuestro sistema educativo empezando por la educación sexual; compromiso por parte del Estado de destinar más presupuesto para luchar contra la violencia machista; revisión de las leyes de maltrato, y un largo etcétera. Necesitaríamos un Pacto de Estado para una reforma constitucional en la que se establecieran claramente derechos fundamentales de la mujer (a una vida sin violencia machista, a derechos sexuales y reproductivos, a la conciliación, a la participación en paridad en instituciones, etc.). En definitiva, un cambio político e institucional desde una óptica feminista, que es la única posible si realmente creemos en la igualdad entre hombres y mujeres.

Este artículo se publicó el 9 de enero en El Correo (On+ y en papel) y en El Diario Vaco.

A raíz de la controversia que ha habido con ‘El informe sobre tortura’, presentado ante el Gobierno Vasco por Franscisco Etxebarria, ayer publiqué en El Correo este artículo sobre las dificultades que supone la investigación de la tortura y sobre la necesidad de visibilizarla, admitir su existencia y atender a sus víctimas.

La tortura y la sospecha razonable (publicado el 29 de diciembre de 2017)

«La mera sospecha razonable de la existencia de la tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos a despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir este fenómeno». Así se advierte en el «Informe sobre tortura», preparado por un equipo de investigación liderado por el reputado médico forense Francisco Etxeberria y por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología. De esta manera el documento reconoce la fragilidad y la subjetividad que conlleva la investigación de la tortura, en la que no es fácil obtener certezas absolutas y verdades comprobadas.  Pero esto no significa renunciar a realizar un estudio científico: el informe recoge los antecedentes y elabora un censo de denuncias por torturas y malos tratos entre 1960-2014, de los cuales una treintena cuenta con pruebas judiciales y de peritaje del Tribunal Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; además, hay otros doscientos dos casos a los que se ha aplicado el Protocolo de Estambul como prueba pericial para establecer su credibilidad. Pero el total de denuncias recogidas asciende a 4.113 casos. Entre la sospecha razonable o duda y la elaboración científica hay un amplio espacio gris que ha provocado no pocas críticas debidas a este desajuste entre el aporte de pruebas científicas y la aceptación, como base para el estudio, de testimonios no ratificados.

Ante estas críticas, hay que recordar que la tortura es un crimen difícil de demostrar, tanto por los efectos que causa en la víctima como por la impunidad de la que generalmente goza el torturador. El objetivo de la tortura (ya sea física o psicológica) es deshumanizar al torturado, infligir en él un sufrimiento y un miedo de tal calibre que anule su voluntad, que deje al individuo en un desamparo, una desnudez y una vulnerabilidad de la que es difícil reponerse. La víctima, en la mayoría de las situaciones, tiene miedo a denunciar inmediatamente, ya que para ello debe ampararse en el mismo sistema del que forman parte sus torturadores. En otras ocasiones —y de esto han dado cuenta los tribunales— la persona torturada ha testificado ante un médico forense, pero éste no ha recogido sus denuncias. Varios organismos internacionales han condenado al Estado español por no investigar denuncias y/o por no haber practicado las pruebas necesarias en el momento de la denuncia. Que un torturado sea capaz de demostrar el daño sufrido en el momento que este se produce es, por estos motivos, muy complicado. Pretender que un estudio sobre la tortura sea cien por cien científico es exigir un imposible y negar a priori la validez del testimonio de la víctima.

El PSE-EE ha rechazado el estudio de Etxeberria porque, según ellos, «medio siglo de terror de ETA se resume a 840 asesinados y más de 3.400 torturados», «alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido», y olvida la labor de «una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho». Creo que esta reacción —otro síntoma de la batalla por el «relato»— proyecta sobre el informe una intencionalidad política ausente en él. En sus conclusiones no se equipara la violencia de ETA con la de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tampoco se justifica la una por la otra ni se habla comparativamente de las víctimas. El estudio se centra exclusivamente en la práctica de la tortura, no en la actuación global de las FSE y, por eso mismo, no tendría ningún sentido esa valoración que reclama el PSE. Investigar la tortura no significa dar carta blanca a ETA ni justificar su violencia. Dicen que no aceptan el informe ni en contenido ni en forma, pero muchos de sus militantes también fueron torturados durante el franquismo. Lo que me lleva a pensar que su negativa igual tiene más que ver con lo que algunos en la izquierda abertzale puedan hacer con esta información, que es precisamente perpetuar la versión del «conflicto» según la cual lo suyo ha sido una guerra justa. Otra vez, la batalla por el «relato».

Me da la impresión de que este documento no aspiraba a convertirse en verdad incuestionable ni en arma política, sino que la función de esta suma de testimonios, investigaciones, sentencias e interpretaciones, sería otra: visibilizar la tortura y hacerla una parte ineludible en los debates actuales sobre memoria, derechos humanos y convivencia. Negar la existencia de la tortura nos impide entender una parte importante de lo que nos ha pasado. Silenciarla, nos incapacita para ver y atender a sus víctimas. Quedan muchos asuntos pendientes por resolver y muchos pesan sobre ETA y sus colaboradores, pero la tortura también lo es. Reconocerlo no anula ninguna cuenta pendiente.

Anoche en el telediario de la TVE pusieron esta mini entrevista. Me encantan las imágenes y la música elegida. El único problema es que confunden a Eskorbuto con Kortatu. Así que si Mejor la ausencia tiene una banda sonora, que sepáis que es Eskorbuto.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/edurne-portela-da-salto-novela/4326569

Igual algunos recuerdan este artículo que escribí sobre Eskorbuto hace un tiempito. Defender su singularidad es un acto político.

NB: TVE subió también la entrevista más completa. Si te interesa, está aquí

Publiqué este artículo hace unos días en El Correo, edición en papel. Es una reflexión (de 5.000 caracteres y por tanto limitada) sobre lo que considero un devenir regresivo de nuestra democracia.

Desde que entramos en la vorágine de despropósitos que ha caracterizado la vida política de los últimos meses, vivo en estado de estupor, perpleja, día tras día, ante el deterioro veloz de nociones fundamentales del quehacer político democrático, como el diálogo, el respeto a la ciudadanía, la visión de futuro, la posibilidad de transformación a través de los mecanismos de la democracia y la participación ciudadana, la posibilidad también de valorar la justicia y la igualdad por encima de la legalidad vigente. Todas estas cosas que hacen de la política un servicio a la ciudadanía han desaparecido por completo del panorama. El inmovilismo y la actitud revanchista y punitiva del gobierno español ha encontrado en el mesianismo del Govern una pareja de baile perfecta. La política muere cuando se movilizan los afectos colectivos, cuando se apela a la identidad y el sentimiento para que los pueblos apoyen medidas que, sin la pasión y la razón contaminada por afectos excesivos, serían mucho más difíciles de justificar. El vocabulario político de los dos gobiernos y de los que apoyan sus medidas se ha llenado de palabras que yo creía obsoletas (traición, sedición, patria) y que los medios de comunicación reproducen sin pararse a pensar cómo está cambiando el lenguaje político y cómo afecta esto a nuestra comprensión de la democracia. Cualquier intento de reflexión profunda choca contra el muro de la valoración política inmediata. Posicionarte, cada día, a favor o en contra de la siguiente medida que se tome por parte de unos u otros impide una visión de conjunto a no ser que esa visión sea absolutamente inamovible: soberanía española o independencia catalana, por encima de todas las cosas.

Estamos inmersos en un ruido excesivo, profusión de opiniones, información, valoraciones políticas, en las que los matices se van perdiendo y las trincheras crecen en profundidad y en alambre de espino. Muchos medios de comunicación participan, reproducen e incluso provocan que la polarización política y social siga aumentando. El periodismo es un arma de intervención pública y política, para bien y para mal. A estas alturas, es imposible negar que los grandes grupos de comunicación responden a intereses políticos y que intentan implantar una interpretación del conflicto político unilateral y unívoca que responde a esos intereses. Algunos periódicos, como han reflejado sus editoriales, han estado al servicio de los intereses del pacto PP-Ciudadanos-PSOE para aplicar el 155, incluyendo, en sus primeros momentos, la intervención de los medios de comunicación catalanes. El intento de intervención de TV3 desde un gobierno que ha manipulado todo lo que ha podido los medios públicos y que incluso ha interferido en decisiones cruciales de medios privados (léase, El País) es, cuanto menos, un despropósito hipócrita. Y a pesar de que algunos defienden que nuestra democracia funciona de maravilla y muestran incluso indicadores de que así es, algunos hechos demuestran precisamente lo contrario. El director del Jueves está imputado por «insinuar» injurias a la policía nacional. Me pregunto qué medidas se tomarán contra los policías que, de uniforme y de servicio, hacen bromas homofóbicas sobre el futuro de Junqueras en prisión. Muchos seguro que rieron las gracias de los dos agentes de policía, o les pareció estupendo ese cartel que su sindicato subió a las redes sociales, en las que aparecían tachados en rojo los detenidos del Govern como si fueran los terroristas más buscados, con alguno más pendiente por tachar. Para ellos parece que Twitter es libre, mientras que otros van a la cárcel por un chiste hecho hace años. Y a todo esto, los jóvenes de Alsasua llevan en prisión preventiva trescientos cincuenta y tantos días y la Fiscalía pide una condena de cincuenta años por cabeza. Está por ver cómo acaba la imputación de los nazis de Valencia, responsables de destrozos similares a los de cualquier día de kale borroka y de propinar palizas a varias personas en base a su ideología política.

Hace, pongamos, diez años, cuando la Audiencia Nacional tenía otros asuntos de los que ocuparse (léase ETA) o la idea del referéndum catalán no estaba sobre la mesa, las cargas policiales del 1-O, el intento de intervención de medios de comunicación autonómicos, el encarcelamiento de políticos, tuiteros, humoristas o raperos, nos habrían parecido una aberración y un atentado contra nuestra libertad de expresión y nuestra democracia.

En el último artículo que escribí para este periódico, a raíz del «tirar a matar» de los Mossos que «abatieron» a los yihadistas del atentado de Barcelona, preguntaba hasta qué punto estamos dispuestos a apoyar, sin cuestionar, la actuación de las fuerzas del orden para defendernos de la amenaza terrorista. Ahora pregunto: hasta qué punto vamos a permitir que el Estado y la judicatura que tiene a su servicio mermen nuestras libertades (de todos, no sólo los catalanes) en nombre de la soberanía y de la unidad nacional. Si se paran a reflexionar un poquito, verán que las dos preguntas están bastante relacionadas.