Este artículo ha sido publicado en El Correo/Diario Vasco el 20 de agosto de 2018. Lo reproduzco aquí íntegro con algunos enlaces de interés.

“No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina”, Almirante Emilio Massera (1976). Esta cínica frase de uno de los miembros de la junta militar responsable de la muerte y desaparición forzada de miles de personas me estuvo rondando durante los días previos a la votación en el Senado argentino del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se preguntarán qué tienen que ver los genocidas Massera, Videla o Galtieri, la ESMA o los centros clandestinos de detención con la lucha por la despenalización del aborto y la aprobación de un aborto libre, seguro y gratuito. Más de lo que a primera vista parece.

Durante los debates previos a la votación hubo varias intervenciones públicas que me llevaron a recordar esa frase de Massera y a pensar en la relación entre el pasado dictatorial y el presente en Argentina. Citaré sólo dos: La primera fue la intervención del senador por Entre Ríos Pedro Guastavino, que hablaba así de la presión a la que se vio sometido para votar en contra de la reforma: “Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que quizás sea el mismo que cuando nos desaparecían daba vuelta la cara. O cuando torturaban a nuestras compañeras en los centros de detención clandestinos miraban para otro lado. Tal vez es el mismo sector que cuando mi madre se entrevistaba con algún obispo para preguntarle por su hijo desaparecido, miraba para otro lado y decía ‘algo habrá hecho'”. La segunda intervención fue un video de la actriz Marina Glezer en el que defendía, ante un autodenominado señor “provida”, el aborto como forma de salvar la vida a niñas y adolescentes que por su condición social morirán abortando de forma clandestina: “No se están muriendo embriones abortados, se están muriendo las mujeres, las mujeres invisibilizadas”, las que provienen de las “villasmiseria” y no tienen la posibilidad de pagarse un aborto seguro en una clínica privada o con un viaje a Uruguay. La marginalidad de las mujeres que mueren haciéndose abortos clandestinos o provocándoselos con los métodos más atroces (la percha, las agujas, las purgas intrauterinas) y la continuación de la violencia institucional (del Estado y la Iglesia) contra la mujer se unieron en el final de su intervención, que coincide con la apreciación del senador Guastavino: “Videla, Etchecolatz, Massera, desaparecían gente, expropiaban bebés en nombre de la Iglesia también”.

La Iglesia que ahora habla del aborto como “genocidio” y “crimen de lesa humanidad”, llama “desaparecidos” o “torturados” a los fetos abortados, la misma que ahora proclama que si se aceptan las demandas de las mujeres se volverá al “terrorismo de Estado”, es la que durante la junta militar bien apoyó, bien cerró los ojos ante la represión brutal que estaba ocurriendo en nombre de la “Civilización Occidental y Cristiana” (palabras de Videla). Este uso descarado, manipulador y obsceno del lenguaje alusivo al pasado se resume en las palabras de Monseñor Alfonso Delgado, arzobispo emérito de San Juan del Cuyo que no son excepcionales, sino un mantra repetido por los representantes de la institución: “No queremos una nueva argentina de desaparecidos, nuevos NN, sin nombres y sin tumbas, como en épocas tristes de la historia reciente. Nuevas víctimas inocentes a merced de los nuevos verdugos”. Comparar el plan genocida orquestado por las consecutivas juntas militares desde 1976 a 1983, plan que incluía el secuestro de mujeres, su tortura, su asesinato y el robo de sus bebés, con las demandas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es inaceptable. Poner en el mismo plano a las mujeres que quieren decidir libremente y con garantías de seguridad sobre su propio cuerpo y las actuaciones de un régimen que diseñó una metodología de terror y exterminio para eliminar de la sociedad a todo sospechoso de poner en peligro su “civilización” es de una inmoralidad pasmosa. Tanto como las declaraciones del Papa Francisco (de quien sigue habiendo más que dudas razonables sobre su actuación durante la dictadura), que se ha atrevido a comparar el aborto (“homicidio de niños”, lo llama) con “lo que hacían los nazis por la pureza de la raza.”

Uno de los senadores que votó en contra de la reforma de la ley penalizadora del aborto fue el expresidente Carlos Menem, el mismo que instauró en 1998 y por decreto el “día del niño por nacer”, que se celebra cada 25 de marzo, veinticuatro horas después del aniversario del golpe de Estado. Carlos Menem también indultó por decreto en 1990 a Leopoldo Galtieri, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Ramón Camps, Carlos Suárez Mason y Armando Lambruschini, entre otros. Es decir, absolvió a los militares y policías que fueron máximos responsables de crear y llevar a término los mecanismos de la represión y exterminio de aproximadamente treinta mil ciudadanos argentinos, entre ellos y según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el 33% eran mujeres. Se calcula que unos quinientos bebés fueron robados a detenidas-desaparecidas y después “colocados” en familias afines al régimen. En su alegato frente al Senado, Menem se puso como ejemplo de defensor de la vida “desde la concepción y en todas las etapas”.

Todos estos señores son los “defensores de la vida” ahora, hace veinte años y hace cuarenta. No hace falta decir mucho más.