Este artículo ha sido publicado en El Correo el 4 de agosto de 2017.

Escribo este texto durante mis últimas horas en Guatemala, donde he pasado un par de semanas. Mientras he estado aquí, en España ha continuado el debate sobre el futuro del Valle de los Caídos y Pablo Casado —que entre muchas mentiras ha dicho que cualquiera que haya querido encontrar a sus familiares asesinados durante el franquismo ha tenido “pleno apoyo” para hacerlo— ha sido elegido presidente del PP. Todo esto lo he observado desde la distancia, contrastando el devenir de nuestro presente con la realidad que me rodea en diferentes lugares de Guatemala y también desde esta Centroamérica convulsa, donde Nicaragua constituye uno de los principales motivos de preocupación.

En Ciudad de Guatemala pregunto si hay un museo de memoria sobre la violencia que asoló el país a partir de 1962 y que tuvo su peor momento entre 1978 y 1983 con el genocidio acelerado de la población indígena —sólo durante el gobierno de Efraín Ríos Montt asesinaron a más de cien mil—. En total, la cifra asciende a doscientos mil muertos y cuarenta y cinco mil desaparecidos. La represión y persecución no finalizó hasta 1996 y también, aunque en menor grado, tuvo su repercusión en la ciudad donde se persiguió brutalmente cualquier disidencia asociada a movimientos de izquierda y guerrillas. Me dicen que no, que como ha habido continuidad entre los militares y los siguientes gobiernos de la democracia, no hay ningún museo de memoria público, que hay alguno que han establecido ONGs, que el genocidio y la represión se siguen negando a nivel institucional (que Ríos Montt nunca pagara por sus crímenes y se mantuviera activo en política es el ejemplo más claro). Una joven me cuenta que ha participado en marchas de protesta contra el gobierno, marchas que se organizan en la universidad y a las que su madre al principio le prohibía ir porque en su época —se refiere a los años 80— quien protestaba, desaparecía. Después de unas cuantas marchas donde ve que la represión no llega a esos extremos, la madre se empieza a sumar a la hija. Tal vez, con lo que está pasando en Nicaragua —más de 350 muertos contabilizados, más de dos mil heridos y doscientos desaparecidos— la madre le prohíba volver a salir a protestar. La memoria de la represión es transferible a diferentes contextos. Leo un libro de cuentos y una novela de dos escritores jóvenes guatemaltecos —Rodrigo Fuentes y Arnoldo Gálvez respectivamente— y en los dos se recoge una memoria herida del pasado, una herencia de violencia irresuelta, tanto de la Guatemala indígena y rural como la universitaria y urbana.

Esta realidad que nosotros miramos de lejos —y que a muchos les importa poco— no nos debería resultar, sin embargo, tan ajena. Cuando pregunto por el posible museo de memoria sufragado por el Estado donde se dé cuenta de las masacres cometidas en el pasado contra la población civil, no puedo dejar de pensar en el Valle de los Caídos. Unos dicen que se tiene que hacer saltar por los aires, otros que no se puede tocar, otros hablan de resignificación. La tercera opción me parece la más válida y la que mejor ha funcionado en otros lugares. Recuerdo lo que en Argentina han hecho con la ESMA: el gobierno creó un lugar de memoria en la sede militar donde el ejercito torturó y retuvo en condiciones inhumanas a miles de detenidos-desaparecidos, desde donde salieron los “vuelos de la muerte” que servían para arrojar al mar a los prisioneros, donde robaron bebés a madres después asesinadas para dárselos a familias del régimen. La chilena Villa Grimaldi se transformó también de espacio del horror a museo de memoria. Deberíamos hacer algo parecido con el Valle de los Caídos, convertirlo en ese espacio público donde recordar el horror de la dictadura, donde llamar a las cosas por su nombre: terror, exterminio, represión sistematizada, tortura, asesinato. ¿Por qué no lo hacemos en España, como tampoco se hace en Guatemala? Porque aquí también ha habido una continuidad entre el pasado y el presente, porque el franquismo no es cosa de cuatro nostálgicos frikis que se van al Valle a alzar el brazo ondeando banderas con aguilucho, sino que ha continuado vivo. Reciclado con aires de modernidad, pero vivo. Aquellos que han heredado su ideología y/o sus privilegios, han sabido transformar el Movimiento en su versión más tecnócrata y aclimatarlo a los tiempos —aunque conservando algo de caspa—, adecuarlo a un sistema democrático que les favorece y si no, torcer el mismo sistema para que así sea. Estar en Guatemala es ser testigo de las consecuencias nefastas de políticas contra la memoria de las víctimas. España, sin embargo, poco tiene que enseñar. He visto iniciativas de memoria y de justicia mucho más avanzadas e inquisitivas en Chile o Argentina. A estos países que consideraron modélica la Transición ahora les mostramos nuestro error al no haber llevado a cabo medidas fundamentales de verdad, justicia y reparación, necesarias tras cualquier dictadura. Es cierto que el gobierno de Zapatero y sus aliados del momento consiguieron aprobar la Ley de Memoria Histórica pero mientras tengamos un partido mayoritario —o dos, a ver— negándose a reconocer el pasado y los derechos de las víctimas, mientras se siga protegiendo a la Fundación Franco o se permitan expresiones como la que hemos visto recientemente en el Valle de los Caídos, también nosotros ofreceremos el triste espectáculo de la inmoralidad de la desmemoria o, peor, de su manipulación.

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