Este artículo salió publicado en El Correo el 9 de abril. Lo transcribo aquí en su totalidad.

Leyendo el interesante libro de Joaquín Estefanía Revoluciones: Cincuenta años de rebeldía (1968-2018) me encuentro con una reflexión de Hannah Arendt extraída de su ensayo Los orígenes del totalitarismo que tenía olvidada. Cuenta Arendt que la generación que participó en los eventos del 68 “descubrió lo que en el siglo XVIII se llamó ‘la felicidad pública’, que significa que cuando el hombre (Arendt hoy seguramente hubiera dicho ‘las personas’ o ‘los seres humanos’) participa en la vida pública accede por sí mismo a una dimensión de la experiencia humana que de lo contrario le está vedada, y que de alguna manera constituye la felicidad plena”. Hace no mucho —el 8M para ser exactos— sentí esa felicidad pública al salir a las calles con miles de mujeres que reclamaban derechos en los que creo y que defiendo firmemente. Y me preguntaba por qué no buscamos más ese tipo de participación en la vida pública, de acción comunitaria y compartida, por ejemplo en contra de los crecientes ataques contra la libertad de expresión o contra los excesos judiciales de los que tenemos noticia cada día.

No soy la única que me lo pregunto. Hace unos día leía un tuit de una periodista que echaba en cara a la sociedad la falta de movilización en defensa de la libertad de expresión. Otra persona, que lleva décadas defendiendo los derechos civiles y humanos, le respondía que no es momento de hacer reproches sino de reflexionar sobre por qué no nos estamos movilizando. Los motivos tal vez respondan a varias razones. Creo que muchos de esos atropellos están bien vistos porque sus víctimas no inspiran solidaridad, porque para preservar el status quo algunos piensan que todas las armas son buenas, porque entienden que si la judicatura defiende sus mismos valores u objetivos políticos y castiga a todo aquél que se rebele contra ellos, entonces está siendo justa, incluso si eso significa manipular la ley. Cuando Baltasar Garzón, con su proceso 18/98 declaró que “todo es ETA” y procesó a cientos de personas por delitos de colaboración o pertenencia, algunas de las cuales han pasado hasta una década en la cárcel, muy pocas voces se alzaron fuera de Euskadi cuestionando la gravedad de estas acciones. Se entendía que eran medidas duras pero necesarias para acabar con ETA. Al pasar por alto o justificar que en ese proceso se estaba encarcelando a gente por motivos políticos, se creaban las condiciones de posibilidad para lo que está pasando hoy. Por una parte, cualquier crítica o cuestionamiento de los procedimientos de Garzón resultaba sospechosa de filoetarra y por otra se aceptaba que dando superpoderes a la Audiencia Nacional se resolvería no sólo el problema del terrorismo, también se daría un golpe mortal al aparato político independentista. En general, se vio con buenos ojos que por la vía judicial se resolvieran asuntos políticos: los encausados no despertaban ninguna solidaridad, todos eran ETA al fin y al cabo. Hoy, con la detención y encarcelamiento de políticos catalanes pasa algo incluso más grave porque no hay un contexto de terrorismo: se aprueba el método judicial punitivo para resolver un problema político que, además, se concibe como “problema catalán”, en vez de un problema nacional que pone al descubierto las limitaciones de la concepción actual del estado español.

Además, en este país hay medios de comunicación y personas encarceladas o procesadas cuya libertad de expresión ha sido claramente vulnerada y cuyos casos no han despertado grandes olas de indignación. Recientemente la revista Mongolia ha sido penalizada con un multa absurda supuestamente para compensar el “honor” mancillado de Ortega Cano, pero en realidad es un castigo por su irreverencia y constante crítica política. El encarcelamiento de raperos, tuiteros, las querellas constantes contra periódicos y periodistas, hacen mella en nuestra capacidad de entender el espacio público como lugar para la protesta. Considero espacio público la calle, pero también los espacios donde tomamos y compartimos la palabra. Tal vez otro motivo para la falta de movilización sea el propio éxito de las medidas punitivas contra la disidencia. ¿Estamos amedrentados? Pero salimos a la calle por otros motivos ¿O será que no nos queda claro que esta ola represiva nos afecta a todos, no sólo a los procesados? También me afecta a mí, a usted que me está leyendo. Porque usted puede estar en contra del independentismo catalán, le puede parecer obscena la Revista Mongolia, puede creer que las letras del rapero Valtonyc son ofensivas y de mal gusto. Pero si piensa que todas estas personas se merecen ir a la cárcel o ser perseguidas judicialmente, si cree que hay que eliminarlas del espacio público porque lo que dicen o hacen le resulta peligroso u ofensivo, si se alegra ante su sufrimiento cuando son detenidos o castigados, entonces no me diga que cree en la democracia y en la libertad de expresión. Dirá que no son lo mismo un político secesionista que un rapero y es cierto, no lo son, pero el encarcelamiento de ambos surge de la misma lógica punitiva y del uso del poder judicial con objetivos políticos y represivos. Si cualquier día sale a la calle para defender su pensión o que su hija tenga un empleo digno, si siente esa “felicidad pública” y se le ocurre decir lo que no debe, es posible que usted acabe procesada, como cualquiera de ellos.

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