Este artículo ha salido publicado en El Correo el sábado 15 de julio. Lo reproduczo literal aquí, pero añado enlaces a las referencias.

En los últimos días ha habido dos noticias que tienen que ver con la vida post-ETA. Una

Fuente: noticiasdenavarra.com (NEREA MAZKIARAN)

es el acto que Julen Mendoza, alcalde de EH-Bildu, celebró el 28 de junio en el ayuntamiento de Errenteria en homenaje a tres víctimas del terrorismo de ETA, asesinados en esa localidad: el policía municipal y militante del Partido Socialista de Euskadi Vicente Gajete y los dos concejales del Partido Popular José Luis Caso y Manuel Zamarreño. La otra noticia es la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de cincuenta años de cárcel contra las siete personas acusadas por las agresiones contra dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Una noticia nos habla de reparación, la otra de enquistamiento y revanchismo. Empezaré por la segunda, que es la más desagradable. He defendido en varias ocasiones que las agresiones de Alsasua no deberían ser juzgadas como terrorismo, aunque tampoco se puede decir, como se está repitiendo constantemente en los últimas días, que lo que pasó fuera una mera trifulca de bar. Entiendo que sus familiares y abogados quieran aferrarse a esta defensa, pero cualquier conocedor de la realidad vasca sabe que las cosas por aquí no son tan sencillas. Esas agresiones responden a una lógica del conflicto que sigue viva, una violencia que si bien ya no tiene el recurso a las armas, sigue estando latente en algunos círculos de nuestra sociedad. Es decir, todavía hay gente que cree firmemente que este pueblo (el vasco) tiene un enemigo, encarnado en sus «fuerzas de ocupación» españolas y que, como enemigo, merece la agresión. Esa forma de entender la realidad, dentro de las viejas dinámicas de odio y confrontación, genera una violencia que no se debería banalizar ni hacer pasar por un simple enfrentamiento en un bar entre personas que no se caen bien. Pero el despropósito de la petición de la fiscalía es tal que, si no fuera por la gravedad de los cargos, toda esta cuestión resultaría ridícula. El problema, además del serio peligro en el que están los procesados y el dolor que esta situación está generando a sus familias, es que es un síntoma más del inmovilismo y la actitud vengativa y punitiva del gobierno y de un sector del poder judicial de este país (y me refiero a España). Este inmovilismo —también reflejado en la negativa de entablar un diálogo sobre la dispersión, los abusos policiales o torturas, el reconocimiento de las víctimas de los GAL como víctimas del terrorismo, etc.— pone serias trabas al necesario proceso de convivencia y restauración.

En contra del inmovilismo habló muy claramente Chema Herzog, entonces concejal del Partido Popular de Errenteria, en ese gran episodio de Salvados que fue «Tres Días en Errenteria», grabado en 2013, dos años después del fin de la actividad terrorista de ETA. Al final del episodio, Chema Herzog dice lo siguiente: «La convivencia se basa en el cese del agravio, porque el agravio lleva al rencor, y el rencor a la venganza […]. Si queremos convivencia, tenemos que tener clara la idea de justicia y reparación. Todas las personas tienen que bajarse de su eterna reclamación […] poner un límite a su rencor porque si no, esto se perpetuará». Poco antes de llegar Évole a Errenteria para grabar el documental, se habían celebrado unas jornadas en las que participaron víctimas tanto de ETA como de abusos policiales, de los GAL y de otros grupos de extrema derecha, y en las que el ayuntamiento, con Julen Mendoza en la alcaldía, tuvo un papel fundamental. El alcalde sembró entonces la semilla de lo que sería el homenaje en exclusiva hecho a las víctimas de ETA la semana pasada. Ya en 2013 reconocía frente a las cámaras que la historia de «lo que aquí ha pasado» no se podía cerrar en falso y que había que dar a las víctimas de ETA el reconocimiento que se merecían. Évole entrevistó también a Miguel Buen, que participó tanto en el homenaje del pasado 28 de junio como en aquellas históricas jornadas. Fue alcalde de Errenteria por el PSE-PSOE durante diecisiete años. Parte de la

Jesús Eguiguren contemplando los destrozos: Fuente Efe

entrevista se realiza en la Casa del Pueblo, junto con otros compañeros de partido que narran las agresiones que allí sufrieron: veintiocho ataques contabilizados, con cócteles molotov, gasolina, una vez incluso les entraron en la Casa y les hicieron paseíllo para sacarlos a palos. Al alcalde de entonces, Jose María Gurrutxaga, le persiguieron a golpes por el pueblo, dándole una paliza que casi le deja muerto. Entonces, es lógico que la agresión de Alsasua a muchos les haga recordar las prácticas fascistas de aquellos años. Por eso no se puede obviar el contexto en el que ésta se produjo ni minimizar su gravedad. Pero tampoco se puede manipular la realidad al punto de convertir a los siete encausados en chivos expiatorios para satisfacer quién sabe qué intereses políticos, qué deseos de venganza, qué razón punitiva o qué ideología enquistada en, también, la lógica de conflicto.

Paradojas de la historia, Errenteria se ha convertido en un ejemplo en el camino hacia la deslegitimación de la violencia, a pesar de haber sido uno de los municipios más conflictivos de Euskadi, como demuestra el informe el Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos violentos acaecidos en Errenteria de 1956 a 2012, encargado por el Ayuntamiento con la aprobación del PSE, PNV, PP, Ezker Anitza y Bildu. El acto del 28 de junio en el que Julen Mendoza, sin eufemismos ni rodeos, pidió perdón por cualquier daño u ofensa hecha por él o su ayuntamiento a las víctimas de ETA, se suma al trabajo que llevan años haciendo para restaurar la convivencia en ese municipio.

Chema Herzog, en el mismo episodio de Salvados de 2013, se quejaba de que a 470km de distancia (o sea, Madrid), están jugando a azuzarnos a unos contra otros por intereses espurios (sus palabras). En 2017, y tras la petición de la fiscalía en el «caso Alsasua», sus palabras cobran nueva importancia. Mientras que en Euskadi se producen avances como el caso de Errenteria, grupos de trabajo como la Ponencia de Memoria y Convivencia en el Parlamento Vasco (con la ausencia del PP) o iniciativas de base como las tomadas por el colectivo Eraikiz, formado por familiares de víctimas de ETA y de violencias de diverso signo, desde el gobierno español y un sector del poder judicial ajustan las tuercas al máximo y hacen, de un crimen sin duda despreciable y condenable, un caso ejemplar de desproporcionalidad y revanchismo.